Un lamentable hecho de maltrato animal y el uso de controvertidos métodos de ahuyentamiento contra la fauna silvestre han desatado una ola de indignación pública y rechazo en redes sociales. Los sucesos, registrados en la Universidad San Martín, involucran tanto agresiones directas a reptiles por parte de personal institucional como la instalación de barreras de metal en la vegetación del campus para impedir el paso de estos animales.
Las denuncias, que rápidamente se hicieron virales, han movilizado a comunidades ambientalistas, colectivos de protección animal, plataformas ciudadanas y congresistas, generando una contundente respuesta institucional y la apertura de procesos disciplinarios y legales contra los responsables.
Agresión directa a una iguana dentro del campus
El primer foco de la controversia se originó a partir de la difusión de un video grabado dentro de las instalaciones del campus de la Universidad San Martín, ubicado en Puerto Colombia, Atlántico. En las imágenes grabadas en internet, se aprecia el instante en que un operario persigue, golpea y pisotéa a una iguana que caminaba por la sede educativa.
Según se observa en el registro audiovisual, el sujeto utilizó una escoba para aprisionar al reptil contra el suelo y le pisó la cola con el fin de evitar su huida. A pesar de que el animal intentó escapar en repetidas ocasiones hacia un árbol cercano para resguardarse, el hombre continuó la agresión bajándolo violentamente con el mismo instrumento.
La difusión de las grabaciones provocó el rechazo inmediato de la comunidad estudiantil y de la ciudadanía en general, que exigió una intervención urgente para garantizar la protección del animal afectado y el juzgamiento de la agresión.
Medidas sancionatorias, capacitación y acciones legales
Ante la gravedad de los hechos, la Universidad San Martín emitió un comunicado oficial en el que rechazó tajantemente cualquier manifestación de maltrato animal. La institución informó que reaccionó restringiendo de forma inmediata el ingreso del individuo involucrado, quien laboraba en el campus a través de una empresa contratista encargada del servicio de aseo.
Por su parte, la firma contratista confirmó el retiro inmediato del trabajador de sus funciones en la sede universitaria y remitió el expediente a su área jurídica para adelantar el correspondiente proceso disciplinario, el cual incluye la citación a descargos. Asimismo, la empresa anunció el desarrollo de jornadas de sensibilización con su personal operativo y programó una capacitación especializada sobre el cuidado, manejo y respeto por la fauna silvestre.
En su pronunciamiento, el centro educativo enfatizó su compromiso ético y formativo: “Como comunidad educativa, que forma profesionales en medicina veterinaria y zootecnia, asumimos una responsabilidad especial con los derechos y el bienestar de los animales, la protección de la flora y la conservación de la fauna”.
El caso escaló rápidamente al ámbito legislativo y judicial. La senadora ambientalista Andrea Padilla confirmó que al agresor ya se le abrió un proceso policivo formal por presunto maltrato animal bajo el marco de la Ley Ángel. Esta legislación establece penas privativas de la libertad que oscilan entre los 20 y 42 meses de prisión, además de sanciones económicas que van desde los 15 hasta los 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Árboles forrados con zinc: la segunda denuncia que enciende el debate
Paralelo al caso de la agresión física, una segunda denuncia expuso prácticas cuestionables de manejo ambiental en los espacios verdes universitarios. A través de la Plataforma ALTO, organización dedicada a la defensa de los derechos de los animales, se difundieron imágenes que revelan cómo los troncos de varios árboles de las instalaciones fueron forrados meticulosamente con tejas de zinc y láminas metálicas.
Esta medida fue implementada con el propósito explícito de ahuyentar e impedir que las iguanas trepen a la copa de los árboles, al crear una superficie lisa e resbaladiza donde sus garras no pueden sostenerse. La divulgación de las imágenes desató una fuerte oleada de indignación en redes, donde usuarios y activistas calificaron la acción como un atentado contra la fauna local y la biodiversidad que habita de manera natural en los ecosistemas de la región.
Las organizaciones protectoras enfatizaron que el uso de barreras metálicas en la vegetación no constituye un método ético ni técnico para la convivencia con la fauna silvestre. Por el contrario, los defensores de los animales recalcaron que las iguanas son especies nativas fundamentales para el equilibrio ecológico del departamento del Atlántico y que la infraestructura educativa debe adaptarse a la conservación del entorno natural, en lugar de implementar mecanismos que vulneren o desplacen a la fauna local.
