El panorama judicial de la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson Salcedo (2020-2023), ha dado un giro significativo en las últimas horas tras conocerse nuevas acciones de los entes de control y justicia. Mientras la exmandataria enfrenta una nueva imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación en este 2026, se han revelado decisiones definitivas sobre procesos disciplinarios que venían desde el año 2024.
Imputación de cargos por sobrecostos en 2026
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos formalmente contra la exalcaldesa Virna Johnson por presuntas irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato destinado a la esterilización de gatos y perros en el distrito. Según el ente acusador, las anomalías en la planeación y ejecución de dicho contrato habrían derivado en un detrimento patrimonial para la ciudad.
Debido a la gravedad de los hallazgos, la Fiscalía confirmó que también solicitará medida de aseguramiento contra Johnson Salcedo. Este proceso se suma a la lista de investigaciones que buscan esclarecer el manejo de los recursos públicos durante su administración, la cual culminó en diciembre de 2023.
Absolución en el proceso de conectividad educativa de 2024
En contraste con la reciente ofensiva de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación ha emitido un fallo de primera instancia que favorece a la exmandataria en un proceso que se remonta a septiembre de 2024. En aquel entonces, el órgano de control había proferido un pliego de cargos contra Johnson y la exdirectora de Contratación, Greysi Ávila Campo, por presuntas irregularidades en un contrato de 1.041 millones de pesos para el servicio de internet en 106 instituciones educativas durante la pandemia.
La acusación inicial de 2024 sostenía que:
- La contratación era «innecesaria y superflua», dado que los estudiantes no podían asistir de manera presencial por el aislamiento social.
- Se habrían vulnerado los principios de economía y responsabilidad de la contratación estatal.
- La conducta fue calificada inicialmente como una falta gravísima.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2025, tras analizar las pruebas presentadas, la Procuraduría decidió absolver de responsabilidad disciplinaria a ambas exfuncionarias. El ente de control concluyó que no existió desconocimiento de los principios contractuales, validando las modificaciones que se hicieron al contrato original para intentar llevar la conectividad directamente a los hogares de los estudiantes en medio de la emergencia sanitaria.
El balance de las investigaciones
A pesar de la nota absolutoria en el caso de las sedes educativas, la situación jurídica de la exalcaldesa sigue siendo compleja. La reciente imputación por el contrato de esterilización animal reabre el debate sobre la transparencia en la contratación de su cuatrienio. Mientras el proceso de la Procuraduría se cerró al no hallar dolo o culpa en la gestión de internet para colegios, la justicia penal ahora pone la lupa sobre el manejo de programas de bienestar animal bajo su mandato.
El equipo jurídico de Virna Johnson no se ha pronunciado oficialmente sobre la nueva solicitud de medida de aseguramiento, aunque en procesos anteriores han sostenido la legalidad de todas las actuaciones administrativas realizadas durante la emergencia del COVID-19 y la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital.
