Una rigurosa investigación interna liderada por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa de Colombia ha puesto al descubierto un alarmante entramado criminal dedicado al despojo, loteo y venta fraudulenta de terrenos fiscales de la Nación. La alerta institucional señala que el Estado se encuentra en un riesgo inminente de perder al menos 700 hectáreas de predios considerados estratégicos, ubicados en una zona fronteriza de alta sensibilidad de los departamentos de Tolima y Cundinamarca, específicamente entre los municipios de Melgar y Nilo.
El epicentro de este conflicto legal abarca las áreas circundantes e internas del Fuerte Militar de Tolemaida, la base de entrenamiento militar más importante del país y una de las escuelas de formación de tropas más destacadas de toda Latinoamérica. Los hallazgos revelan que de los 30 predios que componen formalmente este fuerte militar, casi la totalidad registran graves problemas de posesión, invasión u ocupación irregular por parte de particulares.
Un saqueo histórico sobre ruedas de la corrupción
De acuerdo con el informe oficial de la cartera de Defensa, esta problemática territorial no es reciente, sino que constituye un millonario saqueo continuado que se remonta a más de 70 años. Los predios en disputa, entre los que figuran las fincas conocidas históricamente como Berlín, La Cajita, San José, La Calera y Resaca, fueron adquiridos legítimamente por el Estado colombiano en 1954, durante la administración del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, con el fin expreso de consolidar la infraestructura de seguridad nacional.
Sin embargo, las décadas de ausencia institucional, la falta de una defensa jurídica agresiva en el pasado y la evidente omisión en la vigilancia física de los linderos facilitaron el accionar de las denominadas mafias de tierreros. El modus operandi consistía en que avivatos cercaban los terrenos baldíos o fiscales, ingresaban ganado o cultivos para simular posesión y, posteriormente, procedían a lotearlos ilegalmente. Acto seguido, los vendían de manera fraudulenta a terceros y, paradójicamente, interponían querellas civiles contra el propio Ministerio de Defensa o iniciaban procesos de pertenencia en juzgados locales para reclamarse como los dueños legítimos.
La gravedad del asunto radica en que actualmente existen cerca de 14.000 cédulas catastrales registradas a nombre de personas naturales y jurídicas que sostienen ser las propietarias legítimas de hectáreas que, según los títulos matrices, pertenecen estrictamente a la Nación. El abogado Jorge Iván Reyes Barrera, apoderado de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio, advirtió que la inacción jurídica previa dejó la carga de la prueba sobre el Estado, facilitando que el desborde inmobiliario avanzara sin control. Hoy en día, sobre esos predios públicos se erigen desde asentamientos informales y fincas mineras o ganaderas, hasta lujosos proyectos vacacionales, mansiones con piscinas privadas y condominios campestres de alto valor comercial.
Infiltración interna y amenazas a la seguridad nacional
Más allá de la multimillonaria afectación al erario del Estado, la investigación ha destapado dos componentes críticos: un profundo problema de corrupción institucional y un latente riesgo para la seguridad nacional.
El propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante del Ejército Nacional, el general Roger Gómez Herrera, se han pronunciado con contundencia frente al caso, reconociendo la presunta participación de personal en retiro y exfuncionarios públicos en el entramado. «Hemos encontrado que hay un entramado criminal en el cual como Ministerio de Defensa nos hemos declarado también como víctimas», aseveró el jefe de la cartera, enfatizando que no se tolerará la impunidad y que «debe caer el que deba caer». El equipo investigador identificó que los planos de los terrenos fiscales fueron filtrados y comercializados, en muchos casos, por exmiembros de la Fuerza Pública de la reserva activa, en complicidad con exinspectores de policía, exasesores jurídicos y exfuncionarios de las alcaldías de la región.
Por otra parte, la proximidad de las ocupaciones a la infraestructura de Tolemaida genera máxima preocupación táctica. De acuerdo con las verificaciones en terreno, se han consolidado asentamientos humanos irregulares a escasos metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto militar, interfiriendo directamente con las áreas periféricas donde operan las escuelas especializadas de Lanceros, Comandos y Contraguerrilla. Las autoridades advierten que la falta de delimitación clara e inviolable en estas zonas fronterizas permite que civiles y personas ajenas a la institución castrense transiten o se infiltren cerca de instalaciones catalogadas como secretas o de alta importancia estratégica militar.
Ofensiva legal para la restitución de los predios públicos
Frente a este panorama, el Gobierno Nacional ha estructurado un plan de contingencia inmediato para frenar la expansión del saqueo y recuperar de forma prioritaria los bienes del Estado colombiano. Por su naturaleza de bienes fiscales y constitucionales de las Fuerzas Militares, estos terrenos poseen la condición legal de ser imprescriptibles e inalienables, lo cual implica que bajo ninguna circunstancia pueden ser ganados por prescripción adquisitiva de dominio o posesión prolongada de particulares.
Actualmente, el Ministerio de Defensa adelanta cerca de 60 querellas policivas ante las inspecciones de Melgar y Nilo con la finalidad de desalojar los predios ocupados de forma ilícita. Paralelamente, la comandancia del Ejército Nacional confirmó que ya disponen de un completo levantamiento topográfico georreferenciado, acompañado de un censo detallado de los ocupantes, con el objetivo de distinguir a las mafias de tierreros de aquellos campesinos y compradores de buena fe que resultaron estafados por la red criminal.
Mientras las autoridades judiciales evalúan la legalidad de las licencias de construcción otorgadas en las últimas décadas en la región, la cartera de Defensa reafirmó que el objetivo final no solo es reestablecer el control territorial del perímetro de Tolemaida, sino examinar alternativas legales para transformar estos predios recuperados en zonas productivas bajo el amparo de la ley.
