El Consejo de Estado confirmó la salida de Nicolás Gallardo como gobernador de San Andrés, al ratificar la nulidad de su elección por incurrir en doble militancia. La decisión pone fin a un proceso judicial que se extendió por cerca de un año y deja en firme su retiro definitivo del cargo.
El origen del caso se remonta a abril de 2025, cuando el alto tribunal anuló su elección tras comprobar que, durante la campaña, Gallardo respaldó candidatos a la Asamblea Departamental pertenecientes a partidos distintos al que avalaba oficialmente su aspiración. Esta conducta fue considerada una vulneración de las normas que regulan la disciplina partidista en Colombia.
Aunque la destitución no se hizo efectiva de inmediato, el proceso tuvo un giro en agosto de 2025, cuando una acción de tutela suspendió temporalmente la decisión. La medida se basó en que el trámite no había sido traducido al creole, lengua reconocida en el archipiélago, lo que habría vulnerado los derechos fundamentales del entonces mandatario.
Con la reciente decisión, el Consejo de Estado no solo dejó en firme la salida de Gallardo, sino que también resolvió los cuestionamientos procesales que habían frenado su ejecución. De esta manera, se cierra el debate jurídico sobre la legalidad de su permanencia en el cargo.
El fallo, además, ordena compulsar copias a las autoridades competentes para que se investiguen posibles responsabilidades penales y disciplinarias relacionadas con el caso. En particular, se busca establecer si hubo demoras injustificadas en el desarrollo del proceso judicial.
Estas actuaciones abren un nuevo frente para el exgobernador, quien podría enfrentar investigaciones adicionales más allá de la pérdida de su investidura. La decisión también pone el foco en eventuales irregularidades en la tramitación del caso.
La salida de Gallardo marca un precedente en la aplicación de las normas sobre doble militancia, al reafirmar que el respaldo a candidatos de otras colectividades constituye una falta sancionable que puede derivar en la nulidad de una elección.
Mientras tanto, el departamento de San Andrés queda a la espera de la designación de un nuevo mandatario, en un escenario que combina efectos políticos, jurídicos e institucionales tras la decisión definitiva del alto tribunal.
