Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, inició una batalla legal inédita en Colombia tras solicitar al sistema de salud acceder al suicidio médicamente asistido, una figura de muerte digna que aún no está reglamentada en el país. Su petición fue presentada ante su EPS, pero fue negada debido a la ausencia de normas que regulen este procedimiento, lo que la llevó a acudir a la justicia para hacer valer lo que considera su derecho a morir dignamente.
Desde la adolescencia, Catalina ha enfrentado trastornos de salud mental que, según relata, han marcado profundamente su vida. Su diagnóstico incluye trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Describe su experiencia como una sensación permanente de vacío y angustia que no desaparece, incluso en momentos cotidianos como dormir o descansar.
Durante años ha intentado múltiples tratamientos para mejorar su condición. De acuerdo con su testimonio, ha pasado por más de 40 esquemas farmacológicos distintos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva. Tras el fracaso del último tratamiento realizado en 2024, Catalina asegura que llegó al límite de lo que considera soportable y decidió solicitar acceso a la muerte digna mediante suicidio médicamente asistido.
A diferencia de la eutanasia —procedimiento que sí está regulado en Colombia— el suicidio médicamente asistido implica que el paciente sea quien administre el medicamento que pone fin a su vida, bajo supervisión médica. Catalina eligió esta opción porque busca que el proceso sea seguro, acompañado y dentro de un marco legal, evitando métodos clandestinos o impulsivos que puedan causar un mayor impacto en su familia.
En octubre de 2025 presentó formalmente la solicitud ante su EPS. Sin embargo, en noviembre recibió una respuesta negativa. La entidad argumentó que no existen condiciones normativas ni operativas para garantizar la realización segura y legal del procedimiento. Este rechazo refleja el vacío jurídico existente en el país: aunque la Corte Constitucional despenalizó el suicidio médicamente asistido en 2022, la práctica aún no ha sido reglamentada.
Ante esta situación, Catalina interpuso una acción de tutela con el acompañamiento de su abogado, Lucas Correa. La defensa busca que la Corte ordene garantizar el procedimiento y que el Ministerio de Salud establezca una regulación clara. Según Correa, la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido radica principalmente en quién ejecuta el acto final: el médico en el primer caso y el paciente en el segundo.
El caso también ha puesto en evidencia el debate sobre la salud mental y el derecho a la muerte digna. En Colombia, las cifras de suicidio rondan las 2.800 muertes al año, según datos citados por la defensa. Para algunos especialistas, permitir la asistencia médica al suicidio podría ofrecer una alternativa controlada y acompañada, evitando desenlaces traumáticos tanto para quienes toman la decisión como para sus familias.
Mientras la justicia analiza su caso, Catalina continúa esperando una respuesta que podría marcar un precedente en el país. Su solicitud no solo busca una solución personal, sino también abrir un camino para discutir los límites del sufrimiento humano, el acceso a la muerte digna y el papel del Estado frente a pacientes con enfermedades graves y resistentes al tratamiento.
Fuente informativa: Noticias Caracol
