El nuevo decreto del Gobierno que ordena la reorganización territorial de las EPS abrió un fuerte pulso político y técnico en el sistema de salud. La medida contempla el traslado masivo de afiliados y podría implicar la reasignación de cerca de 2,6 millones de usuarios a la Nueva EPS, entidad que ya enfrenta una compleja situación financiera y operativa.
La presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, advirtió en entrevista con La FM que los decretos modifican de manera estructural la operación de las EPS en los territorios y ordenarían el movimiento de hasta 6,6 millones de personas en total. Según explicó, cerca de 4 millones serían asignados a entidades intervenidas y 2,6 millones adicionales llegarían a la Nueva EPS.
Vesga aseguró que el sistema atraviesa dificultades operativas y financieras y cuestionó la capacidad real de las entidades para absorber ese volumen de usuarios. “No hay capacidades para recibir esos 4 millones de usuarios en todas las intervenidas”, señaló, y agregó que algunas EPS incrementarían su población en más del 40 %. A su juicio, llevar a la Nueva EPS a cerca de 14 millones de afiliados “solo anticipa un colapso”.
Además, sostuvo que los usuarios ya enfrentan demoras en citas, entrega de medicamentos y servicios especializados, y que un traslado masivo profundizaría esas fallas. También advirtió que el Consejo de Estado suspendió en octubre pasado el Decreto 858 al considerar que las medidas tenían reserva de ley y debían tramitarse en el Congreso. En ese sentido, afirmó que el alto tribunal podría pronunciarse nuevamente en el marco de un eventual incidente de desacato.
El presidente Gustavo Petro defendió el decreto 0182 del 25 de febrero, expedido por el Ministerio de Salud bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo. A través de su cuenta en X, calificó la decisión como “clara y racional” y aseguró que busca evitar la dispersión de afiliados en regiones con baja densidad, lo que —según dijo— eleva los costos para las EPS y el Estado.
El mandatario afirmó que la territorialización permitirá fortalecer la atención primaria y preventiva, reducir traslados innecesarios de pacientes a otras ciudades y articular mejor la red de prestación de servicios. “Para las EPS les es más fácil construir su propio sistema de prevención si sus afiliados están territorializados”, sostuvo.
El decreto modifica el marco establecido en el Decreto 780 de 2016 y fija nuevos umbrales de participación mínima por departamento y municipio. Las EPS que no cumplan los porcentajes exigidos deberán cesar operaciones en esos territorios, y sus afiliados serán redistribuidos de manera automática por el Ministerio de Salud y la Adres a las entidades que permanezcan habilitadas.
En departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán operar EPS con al menos el 5 % de los afiliados del territorio; en aquellos entre 390.001 y dos millones, el mínimo será del 10 %; y en los que tengan entre 100.000 y 390.000 habitantes, la exigencia sube al 15 %. A nivel municipal también se limita el número máximo de EPS según el tamaño poblacional.
El traslado no sería voluntario ni gradual, y entraría en vigor desde el primer día del mes siguiente a la verificación de incumplimiento. El decreto contempla un tratamiento especial para pacientes de alto costo y mujeres gestantes, y permite que, después de 60 días, los afiliados puedan ejercer su derecho al traslado libre.
El debate sobre la reorganización del aseguramiento en salud se intensifica. Mientras el Gobierno defiende la medida como una estrategia para fortalecer la atención territorial y reducir costos, gremios y sectores políticos advierten que el traslado masivo podría tensionar aún más un sistema que ya muestra signos de fragilidad.
