En medio de la crisis estructural del sistema de salud en Colombia, las quejas contra Nueva EPS registraron un aumento del 107 % durante 2025. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y diciembre del año pasado se reportaron 14.603 reclamaciones, principalmente por barreras en el acceso oportuno a servicios, tratamientos y medicamentos.
Este escenario llevó a la Defensoría a poner en marcha la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA), que inició con Nueva EPS como primera entidad priorizada. La primera mesa nacional se realizó en Bogotá y marca el inicio de un proceso de diálogo estructurado con las EPS, con énfasis territorial.
De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, la estrategia se fundamenta en los hallazgos del informe Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados y en el seguimiento realizado a través de Puestos de Mando Unificado en salud en 17 departamentos y 20 regionales. Entre 2022 y 2025, la Defensoría recibió cerca de 107.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud, siendo la falta de oportunidad y la negación de medicamentos las principales causas.
Picos regionales y presión sobre el sistema
La situación de Nueva EPS se agravó entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Entre noviembre y enero se conocieron cerca de 5.000 quejas, con un pico aproximado de 1.100 casos reportados en los primeros 20 días de enero.
A nivel territorial, la Defensoría alertó incrementos especialmente altos en departamentos como Huila (564 %), Vichada (538 %) y Amazonas (290 %). En regiones como Norte de Santander, una parte significativa de las quejas estuvo asociada a retrasos prolongados en la entrega de medicamentos, con esperas que superan los seis meses. A esto se suman deudas con hospitales públicos, especialmente en zonas donde Nueva EPS es la única aseguradora.
Diálogo interinstitucional y compromisos
El objetivo de la primera mesa DIPSA fue activar respuestas urgentes ante situaciones críticas que amenazan los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los afiliados. En el encuentro participaron la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, la Contraloría, la Adres y directivos de Nueva EPS.
Entre los compromisos acordados se incluyó el seguimiento permanente a las rutas de atención por regiones, la revisión del proceso de estabilización de pagos, el fortalecimiento de la entrega de medicamentos mediante gestores farmacéuticos y la priorización del cumplimiento de acciones judiciales vigentes.
La Defensoría reiteró su llamado a adoptar medidas urgentes que permitan superar las barreras de acceso al sistema de salud, en un contexto en el que la intervención estatal sobre Nueva EPS no ha logrado frenar el aumento sostenido de las reclamaciones.
