El Gobierno de España aprobó la tramitación de un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de entre 500.000 y 800.000 personas migrantes que viven actualmente en el país sin un estatus legal definido. La medida, impulsada por el Ejecutivo del PSOE en acuerdo con Podemos, busca otorgar permisos de residencia y trabajo a personas que ya residen y trabajan en España.
Según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata de la primera regularización de este tipo en más de 20 años y responde a la necesidad de adecuar la normativa migratoria a la realidad social y laboral del país.
La regularización está dirigida a personas extranjeras en situación irregular y a solicitantes de asilo que acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y cuenten con al menos cinco meses de permanencia en el territorio.
Para demostrar su estancia, se aceptará una amplia variedad de documentos, públicos o privados, como certificados de empadronamiento, informes médicos, contratos de alquiler, certificados de asistencia a recursos sociales, justificantes de envío de remesas o billetes de transporte. Otro requisito indispensable es no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
Plazos, trámite y garantías
El proceso de solicitudes comenzará a principios de abril y se extenderá hasta finales de junio. De acuerdo con Juan Pablo Fernández Santos, secretario de Organización de Podemos, el diseño del procedimiento busca ser ágil y simplificado, con la expectativa de que el proceso completo se resuelva en un plazo de tres a cuatro meses.
Una vez admitida a trámite la solicitud, se suspenderán las órdenes de expulsión y los procedimientos de retorno, y la persona solicitante podrá trabajar legalmente desde el primer día, incluso antes de la resolución final. La autorización inicial será por un año, con opción de pasar posteriormente a un permiso ordinario conforme al reglamento de extranjería.
Contexto político y reacciones
La medida fue anunciada por la ministra Elma Saiz, quien la calificó como un paso necesario para reconocer derechos y dignificar la vida de quienes ya forman parte de la sociedad española. Desde el Ejecutivo se insiste en que no responde a una lógica electoral, sino a criterios de justicia social y de integración laboral.
La oposición, encabezada por el Partido Popular y Vox, rechazó la regularización y anunció acciones legales contra el decreto. Desde Podemos, las críticas fueron calificadas como expresiones de racismo institucional, mientras diversas organizaciones sociales, religiosas y empresariales respaldaron la iniciativa.
Un antecedente con historia
España ha aplicado ocho procesos de regularización masiva desde los años ochenta, siendo el último en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con esta decisión, el Ejecutivo actual retoma una política que, según sus defensores, busca ordenar la migración, combatir la explotación laboral y fortalecer la cohesión social.
La regularización no beneficiará a personas que hayan ingresado al país después del 31 de diciembre de 2025, un punto clave que el Gobierno ha reiterado para descartar un posible “efecto llamada”.
Fuente de información: BBC News
