La tensión entre altos funcionarios del Gobierno nacional volvió a quedar en evidencia tras la denuncia presentada por Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por presunto acoso laboral.
El Ministerio de Trabajo confirmó que recibió la queja formal y anunció que trasladará el caso a la Procuraduría General de la Nación, al considerar que es el organismo competente para adelantar la investigación disciplinaria correspondiente. De manera paralela, la cartera activó mecanismos institucionales de diálogo a través del Viceministerio de Relaciones Laborales, con el objetivo de propiciar un acercamiento entre las partes y buscar una salida al conflicto, respetando el debido proceso.
En la denuncia, Carrillo sostiene que el presunto acoso se habría materializado a través de señalamientos públicos hechos por Rodríguez en distintos medios de comunicación, en los que —según el funcionario— se le atribuyeron conductas delictivas relacionadas con su gestión anterior en el Fondo Adaptación, incluyendo supuestas irregularidades contractuales, riesgos de corrupción y pérdida de recursos públicos.
Este nuevo capítulo se suma a una confrontación previa que ya se había trasladado al escenario público. Días atrás, Carrillo denunció haber sido retirado del grupo interno de WhatsApp que reúne a los directores del Gobierno, luego de expresar su desacuerdo con una alocución institucional de respaldo al presidente Gustavo Petro, leída desde la Casa de Nariño y administrada por Rodríguez cuando aún dirigía el Dapre.
Según explicó el director de la UNGRD, su salida del chat ocurrió minutos después de enviar un mensaje crítico sobre ese pronunciamiento, lo que calificó como una reacción “infantil”, aunque aclaró que el episodio refleja una relación deteriorada que, a su juicio, trasciende lo personal y afecta el funcionamiento de las entidades.
La disputa también ha estado marcada por denuncias cruzadas sobre presuntas contrataciones de familiares y despidos masivos en el Fondo Adaptación, entidad que actualmente dirige Rodríguez en propiedad, tras su salida del Dapre.
Mientras la Procuraduría evalúa si abre una investigación formal, el caso expone uno de los conflictos internos más visibles dentro del equipo de Gobierno, en un momento en el que desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de cohesión institucional.
