La declaratoria de emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió un nuevo y tenso frente con las regiones. Al menos 17 gobernadores del país anunciaron que no aplicarán las medidas tributarias del decreto, al considerar que afectan de manera directa las finanzas departamentales y comprometen la autonomía fiscal de los territorios.
La decisión se tomó tras una reunión de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en la que los mandatarios coincidieron en frenar la implementación del decreto mientras la Corte Constitucional estudia su legalidad. Además, acordaron enviar un documento técnico y jurídico al alto tribunal para exponer los impactos que, según ellos, tendría la norma sobre sectores clave como salud y educación.
El principal punto de choque es el ajuste al impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos. El decreto eleva el IVA del 5 % al 19 % y establece un “techo” al crecimiento de los ingresos departamentales por este concepto. Todo recaudo que supere el IPC deberá ser girado a la Nación, una medida que los gobernadores califican como un golpe directo a sus presupuestos.
“La emergencia económica afecta los principales recursos de los departamentos”, advirtió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al señalar que una reducción en el consumo, sumada al contrabando, podría dejar sin respaldo financiero a programas sociales. Desde la FND, la medida fue descrita como un “asalto desde la centralización” a los recursos territoriales.
Gobernadores como Andrés Julián Rendón, de Antioquia, y Juvenal Díaz Mateus, de Santander, manifestaron públicamente su oposición. Rendón anunció que inaplicará el decreto en su componente tributario hasta que exista un pronunciamiento de fondo de la Corte, al considerar que amenaza la autonomía fiscal regional.
Desde el Gobierno Nacional, la respuesta no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión de los gobernadores como un “mal ejemplo” y advirtió que invitar a no acatar el decreto podría constituir una usurpación de funciones de la Corte Constitucional, e incluso acarrear responsabilidades disciplinarias.
Mientras tanto, el estudio jurídico del decreto avanza en la Corte Constitucional, bajo la ponencia del magistrado Carlos Camargo. Aunque el análisis de fondo tomará varias semanas, el pulso político ya está planteado: regiones y Gobierno se enfrentan por el control de los recursos y el alcance de la emergencia económica.
