El poder judicial de Irán anunció la realización de juicios “rápidos” y “públicos” contra los manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre, en un contexto marcado por una fuerte represión, denuncias de violaciones a los derechos humanos y el temor de organizaciones internacionales a un uso masivo de la pena de muerte.
Las manifestaciones, que comenzaron como reclamos por el alto costo de vida, se transformaron rápidamente en un movimiento de mayor alcance contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979, bajo el liderazgo supremo de Alí Jamenei desde 1989. Desde entonces, la respuesta del Estado ha sido contundente y ha generado una creciente preocupación dentro y fuera del país.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, visitó una prisión en Teherán donde permanecen recluidos cientos de manifestantes, a quienes las autoridades califican como “alborotadores”. Tras esa visita, aseguró que los procesos judiciales se llevarán a cabo de manera expedita. “Debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, afirmó, al justificar la aceleración de los juicios en casos que, según su versión, involucran hechos violentos.
El anuncio coincide con las alertas de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la posible ejecución inminente de manifestantes detenidos. Según información divulgada por Washington, más de 10.600 personas han sido arrestadas y al menos uno de ellos, Erfan Soltani, de 26 años, tendría programada su ejecución. Las organizaciones de derechos humanos han pedido la suspensión inmediata de todas las penas de muerte relacionadas con las protestas.
En paralelo, el acceso a internet permanece restringido en gran parte del país por séptimo día consecutivo, según la organización NetBlocks, lo que dificulta la verificación independiente de los hechos y la circulación de información desde el interior de Irán.
Las cifras de víctimas varían según las fuentes. Iran Human Rights, con sede en Noruega, reporta al menos 734 muertos, aunque advierte que el número real podría ser mucho mayor. Por su parte, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) eleva el balance a 2.571 fallecidos, incluyendo manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad, menores de edad y civiles no vinculados directamente a las protestas.
Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado lo que describen como “masacres a gran escala”, mientras videos verificados muestran decenas de cuerpos en morgues de Teherán. Testimonios desde distintas regiones del país dan cuenta de un aumento sostenido de la violencia y las detenciones.
A nivel internacional, las reacciones no se han hecho esperar. La ONU se declaró “horrorizada” por la situación, y la Comisión Europea evalúa nuevas sanciones contra Teherán. Estados Unidos, por su parte, ha endurecido su discurso y anunciado medidas económicas contra socios comerciales de Irán, mientras crece la tensión militar en la región. Teherán ha advertido que responderá con ataques si se concreta una ofensiva extranjera.
Aunque analistas consideran prematuro hablar de un colapso del régimen, coinciden en que estas protestas no tienen precedentes en términos de extensión, persistencia y nivel de confrontación, lo que mantiene a Irán en uno de los momentos más críticos de su historia reciente.
