El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia cerró 2025 en 5,10 %, una cifra levemente inferior a la registrada en 2024 (5,20 %). El dato refleja una moderación gradual de la inflación, aunque sigue siendo un factor determinante para el costo de vida de los hogares en el país.
Según el informe oficial, Bucaramanga fue la ciudad con mayor inflación anual, con 5,78 %, seguida de Pereira (5,77 %) y Bogotá (5,41 %). En contraste, ciudades como Valledupar, Santa Marta y Montería registraron los menores incrementos en el costo de vida.
Expertos coinciden en que, aunque el indicador muestra una tendencia a la baja frente a los picos históricos posteriores a la pandemia, su impacto sigue siendo relevante, especialmente para los hogares de menores ingresos.
¿Qué es el IPC y por qué es clave para 2026?
El IPC es el indicador que mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares colombianos. Para su cálculo, el DANE analiza más de 400 artículos, agrupados en categorías como alimentos, vivienda, transporte, educación, salud y servicios.
Este índice no es solo un dato estadístico: funciona como referencia legal y técnica para definir los incrementos máximos de múltiples contratos y tarifas durante el año siguiente. En la práctica, el IPC de 2025 será el parámetro que marcará el ajuste de varios gastos esenciales en 2026.
De acuerdo con análisis económicos, los mayores incrementos durante 2025 estuvieron asociados principalmente a servicios, especialmente educación, salud, restaurantes y hoteles, rubros que tienen un peso significativo en el presupuesto familiar.
¿Cómo afecta el IPC a arriendos, servicios y otros pagos?
Con el IPC fijado en 5,1 %, este será el tope máximo de aumento para numerosos bienes y servicios regulados o indexados a la inflación. Entre los principales se encuentran:
- Arriendos de vivienda urbana, cuyo ajuste no podrá superar el IPC anual.
- Pensiones superiores a un salario mínimo.
- Matrículas y pensiones educativas.
- Cuotas de administración en conjuntos residenciales.
- Peajes, transporte y algunos trámites públicos.
- Servicios de salud y planes de medicina prepagada.
En términos prácticos, si un arrendatario paga actualmente $1.000.000 de arriendo, el incremento máximo permitido para 2026 será de $51.000, quedando el canon en $1.051.000.
Aunque la inflación muestra señales de control frente a años anteriores, economistas advierten que el contexto económico —marcado por el aumento del salario mínimo y los costos operativos— podría generar presiones adicionales durante 2026.
Con el dato oficial del IPC sobre la mesa, hogares, empresas y administraciones públicas ya cuentan con la referencia clave para ajustar presupuestos, contratos y proyecciones económicas para el nuevo año.
