El Gobierno Nacional declaró oficialmente el estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano por un periodo de 30 días, luego del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo queda facultado para expedir decretos con fuerza de ley durante el periodo de vigencia de la emergencia, con el objetivo de conjurar lo que el Gobierno califica como una “amenaza grave e inminente al orden económico y social” del país.
La medida se produce tras la caída de la reforma tributaria que buscaba financiar el presupuesto de las vigencias 2025 y 2026, lo que dejó un déficit estimado en $16,3 billones, según los argumentos expuestos en el decreto presidencial.
El decreto y el alcance del estado de excepción
El Decreto 1390 establece que la emergencia económica regirá por 30 días calendario contados a partir de su entrada en vigencia. Durante este tiempo, el Gobierno podrá adoptar todas las medidas que considere necesarias para enfrentar la crisis fiscal, incluyendo ajustes presupuestales y la creación de nuevos tributos mediante decretos legislativos.
Contrario a lo que se esperaba inicialmente, el decreto no incluye de manera directa la creación de impuestos específicos. Esto se debe a que, según el procedimiento constitucional, primero debe declararse el estado de excepción y posteriormente desarrollarse mediante decretos adicionales que tendrán fuerza de ley.
El texto presidencial también ordena convocar al Congreso de la República para que ejerza control político sobre la declaratoria de emergencia, una vez transcurridos diez días después de su finalización. Tanto el decreto de emergencia como los actos legislativos que se expidan deberán ser revisados por la Corte Constitucional.
Los impuestos que podrían expedirse en los próximos días
Aunque el decreto no fija nuevos tributos de forma inmediata, el Gobierno ha dejado claro que en los próximos días se expedirán decretos para aumentar el recaudo y cerrar el déficit fiscal. Entre las medidas que se analizan están la implementación de un 5×1000 a las transacciones, la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, el incremento del IVA y de los impuestos al consumo.
También se contempla un aumento en los gravámenes a bebidas alcohólicas, cigarrillos, juegos de suerte y azar en línea, alimentos ultraprocesados y actividades relacionadas con la extracción de combustibles fósiles.
De acuerdo con estimaciones oficiales, si el estado de emergencia se mantiene activo hasta marzo, el Gobierno podría recaudar alrededor de $1,1 billones adicionales, recursos que serían destinados a cubrir parte de las obligaciones fiscales del Estado.
Las razones que expuso el Gobierno para declarar la emergencia
En el decreto, el Ejecutivo enumera múltiples factores que, de manera concurrente, habrían generado la situación de crisis fiscal. Uno de los principales argumentos es el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional que ordena aumentar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS, una obligación que, según el Gobierno, presiona significativamente las finanzas públicas.
Otro de los motivos expuestos es la compleja situación de orden público en varias regiones del país, como Cauca, Cesar y Norte de Santander, así como el aumento de riesgos de seguridad asociados al proceso electoral, lo que demandaría mayores recursos para esquemas de protección y seguridad ciudadana.
El tercer eje central es el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, un escenario que ya había sido advertido por sectores de la oposición y por una mayoría del Senado, pero que el Gobierno considera determinante para justificar la declaratoria del estado de excepción.
Otros factores fiscales y sociales incluidos en el decreto
El Gobierno también incluyó dentro de sus consideraciones los efectos de la ola invernal y los desastres naturales derivados del cambio climático, que ya habían motivado la declaratoria de Emergencia de Desastre Nacional mediante el Decreto 1372 de 2024.
Adicionalmente, se mencionan sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago, obligaciones atrasadas de origen legal y contractual —como subsidios a servicios públicos y vigencias futuras— adquiridas antes del actual Gobierno, así como restricciones en el endeudamiento por la aplicación de la Regla Fiscal.
En este último punto, el Ejecutivo también alude a limitaciones en la caja de la Tesorería General de la Nación, la crisis económica postpandemia y un crecimiento del gasto que califica como inflexible, factores que, en conjunto, habrían agravado la situación financiera del Estado.
Dudas sobre la constitucionalidad y el control de la Corte
Desde distintos sectores académicos y económicos se han planteado dudas sobre la constitucionalidad del decreto. Expertos han señalado que la Constitución establece que la emergencia económica debe responder a hechos sobrevinientes e inesperados, condición que, según sus análisis, no se cumpliría en este caso.
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo afirmó que la declaratoria podría ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, al considerar que los hechos alegados por el Gobierno eran previsibles. En la misma línea, el decano de Economía de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera, sostuvo que la situación fiscal venía siendo advertida desde hace meses.
La Corte Constitucional estudia la posibilidad de reunirse de manera extraordinaria para analizar el decreto, e incluso se ha planteado la suspensión de sus efectos mientras se realiza el examen de fondo, dado que las medidas podrían implicar el cobro de impuestos cuya legalidad dependerá del fallo final del alto tribunal.
Lo que viene tras la declaratoria de emergencia
Con la expedición del decreto, el Gobierno entra en una carrera contrarreloj para emitir los decretos legislativos que definan los nuevos impuestos y medidas económicas. Estos actos deberán ser revisados tanto por el Congreso como por la Corte Constitucional.
Mientras tanto, el país queda a la expectativa de las decisiones fiscales que se adopten en los próximos días y del pronunciamiento del alto tribunal, que será clave para determinar si el estado de emergencia económica y social se mantiene o es declarado inconstitucional.
La declaratoria marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Constitucional, en medio de un escenario fiscal complejo y con implicaciones directas para ciudadanos, empresas y la economía nacional.
