El presidente Gustavo Petro ordenó este miércoles 17 de diciembre la salida inmediata de los funcionarios responsables de la realización de una fiesta en la que participó Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), actualmente prófugo de la justicia colombiana y asilado en Nicaragua.
La instrucción del mandatario se produjo luego de que se conociera un video en el que González aparece participando en una parranda vallenata en Managua, lo que generó una fuerte controversia política y diplomática. Petro fue enfático al señalar que quienes permitieron o facilitaron este evento deben abandonar de inmediato sus cargos.
En su pronunciamiento, el jefe de Estado también confirmó que Colombia no cuenta actualmente con embajador en Nicaragua, aclaración que se dio en medio de cuestionamientos sobre la posible participación de la representación diplomática en el país centroamericano.
El evento y las aclaraciones de la Embajada
La polémica fiesta tuvo lugar el jueves 11 de diciembre a las 7:00 de la mañana en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua, según reveló la W Radio. En las imágenes difundidas se observa a Carlos Ramón González disfrutando del evento, pese a su condición de requerido por la justicia colombiana.
Tras la difusión del video, la Embajada de Colombia en Nicaragua emitió un comunicado en el que aseguró que no patrocinó ni tuvo participación alguna en la organización del evento. Además, afirmó que no existió invitación directa ni gestión por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el exfuncionario.
La representación diplomática también sostuvo que se trató de una actividad privada y que no hubo intervención oficial de la Embajada, en un intento por desmarcarse de cualquier responsabilidad institucional relacionada con la presencia de González en la parranda.
Investigación disciplinaria y rol de la Cancillería
En paralelo a la orden presidencial, la Cancillería instruyó a la Oficina de Control Disciplinario Interno para abrir una investigación con el fin de establecer posibles responsabilidades del encargado de negocios u otros funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua.
El objetivo de esta actuación es determinar si existió algún grado de omisión, participación o conocimiento previo sobre la asistencia de Carlos Ramón González al evento. La investigación busca esclarecer si hubo fallas en los protocolos diplomáticos o en los controles internos de la misión.
Esta actuación se suma a los esfuerzos del Gobierno por contener el impacto político del escándalo, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la coherencia institucional frente a casos de corrupción y el manejo de funcionarios requeridos por la justicia.
Carlos Ramón González y su situación judicial
Carlos Ramón González es señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Desde hace aproximadamente un año permanece en Nicaragua, país que le concedió asilo político.
El exdirector del Dapre es buscado por las autoridades colombianas mediante Circular Roja de Interpol. No obstante, el Gobierno de Nicaragua rechazó la solicitud de extradición presentada por Colombia, lo que ha impedido su comparecencia ante la justicia.
Su aparición pública en un evento social reavivó las críticas sobre la falta de cooperación judicial y la imagen que proyecta el caso a nivel nacional e internacional, especialmente por tratarse de un exalto funcionario del actual Gobierno.
Procuraduría abre inspección a la Cancillería
Ante la magnitud del escándalo, la Procuraduría General de la Nación ordenó una inspección a la Cancillería para establecer si hubo o no complicidad de funcionarios del Gobierno en relación con la parranda vallenata en Nicaragua.
El Ministerio Público solicitó información detallada sobre cómo se estructuró el evento denominado “noche vallenata”, incluyendo listado de invitados, recursos invertidos, contratos de logística, constancias de pago y responsables de la organización.
Asimismo, la Procuraduría ordenó analizar los videos en los que aparece Carlos Ramón González participando del evento, con el fin de establecer responsabilidades administrativas y disciplinarias, y determinar si existió conocimiento previo o permisividad institucional frente a su presencia.
