La reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro volvió a naufragar en el Congreso. Con ocho votos a favor del archivo y cinco en contra, la Comisión Séptima del Senado decidió hundir por segunda vez el proyecto más ambicioso del Ejecutivo para transformar el sistema sanitario colombiano.
La votación repitió el mismo escenario que meses atrás: una mayoría de congresistas de partidos declarados en independencia u oposición se impuso sobre los aliados del Gobierno, en un contexto marcado por la crisis financiera del sistema de salud y el desgaste político entre la Casa de Nariño y el Legislativo.
El archivo de la iniciativa se produjo, además, en un momento especialmente sensible, pues el proyecto estaba atado a la ley de financiamiento —también hundida recientemente— de donde saldrían los recursos para su implementación. La falta de aval fiscal fue uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes votaron en contra.
La derrota legislativa representa uno de los golpes más fuertes para el Ejecutivo en este cierre de año y profundiza el estancamiento de su agenda de reformas estructurales.
La apelación: la carta para intentar revivir el proyecto
Pese al archivo, el debate no se cerró del todo. Desde la misma Comisión Séptima surgió una apelación que busca llevar la reforma a otra instancia del Congreso. El recurso fue presentado por el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, quien ya había utilizado esta fórmula para revivir la reforma laboral.
La apelación cuenta con el respaldo de los cinco congresistas que votaron en contra del archivo: además de Díaz, firmaron Omar Restrepo (Comunes), Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, estos últimos del Pacto Histórico. En el documento se cita explícitamente el antecedente de la reforma laboral, que logró avanzar tras un trámite similar.
De prosperar, la solicitud deberá ser evaluada primero por una Comisión Accidental, que emitirá uno o varios informes sobre la viabilidad de aceptar la apelación. Estos informes serán discutidos y votados en la plenaria del Senado.
En caso de que la plenaria apruebe la apelación, el proyecto pasaría a otra comisión para iniciar nuevamente su trámite legislativo, con discusión y votación del articulado, como ocurre con cualquier proyecto de ley.
El factor tiempo y el contexto político adverso
El principal obstáculo para la estrategia de la apelación es el calendario legislativo. A diferencia de lo ocurrido con la reforma laboral, el Congreso se encuentra ahora en la legislatura preelectoral, tradicionalmente la menos productiva en términos de aprobación de reformas de alto impacto.
Para este año ya no habrá más sesiones de la Comisión Séptima del Senado, lo que obliga a aplazar cualquier definición hasta, por lo menos, marzo del próximo año. Solo entonces la plenaria podría pronunciarse sobre la apelación presentada.
Además del factor tiempo, el proyecto enfrenta una resistencia política mayor que la de otras reformas impulsadas por el Gobierno. La transformación del sistema de salud ha generado divisiones profundas entre las bancadas y no ha logrado consolidar mayorías estables en ningún momento del actual periodo legislativo.
Con dos iniciativas clave archivadas en diciembre, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso entra en una nueva fase de tensión, marcada por la cercanía de las elecciones y la baja disposición a asumir costos políticos.
Gobierno y oposición endurecen el pulso
Tras el hundimiento, el presidente Gustavo Petro y varios miembros de su gabinete reaccionaron con dureza. A través de su cuenta en X, el mandatario insistió en que la crisis del sistema de salud no es responsabilidad de su administración y señaló a sectores políticos de defender intereses privados ligados a la privatización del sistema.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión del Congreso como una maniobra para impedir que la reforma pudiera revivirse en plenaria, mientras que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que el archivo “blindó el negocio de la salud” y profundiza una crisis que afecta a pacientes, trabajadores y territorios apartados.
Desde la orilla opuesta, los congresistas que impulsaron el archivo defendieron su decisión como un acto de responsabilidad fiscal. Argumentaron que el proyecto estaba desfinanciado y que su aprobación habría puesto en riesgo la atención y la sostenibilidad del sistema.
Así, el debate sobre la reforma a la salud trasciende el trámite legislativo y se consolida como uno de los ejes centrales de la confrontación política entre el Gobierno y el Congreso, en un escenario donde el consenso parece cada vez más lejano.
