Las recientes decisiones judiciales alrededor del caso Coosalud reavivaron el debate nacional sobre las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien durante alocuciones públicas y mensajes en redes sociales aseguró que en la EPS “se robaron la plata de la salud”. En esas mismas intervenciones calificó al exgerente Jaime González de “bandido” y lo asoció con la supuesta pérdida de más de 200.000 millones de pesos. A partir de esas declaraciones surgió una confrontación jurídica que hoy pone al mandatario frente a una exigencia clara de los jueces: rectificar.
Los pronunciamientos fueron objeto de análisis por parte de diferentes despachos judiciales, que concluyeron que se vulneraron los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el debido proceso del expresidente de la EPS, Jaime González. Con esa determinación, se ordenó al jefe de Estado corregir lo dicho y presentar disculpas públicas. No obstante, han pasado semanas sin que dichas rectificaciones se concreten, lo que derivó en un nuevo episodio legal: la apertura de un incidente de desacato.
El incidente de desacato contra el presidente
El Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá abrió el incidente de desacato debido a que el presidente no ha cumplido con la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitida en noviembre, que le exigía rectificar hasta en 16 ocasiones sus afirmaciones sobre Coosalud y sobre Jaime González. La decisión judicial señala que las expresiones del mandatario no contaban con una sentencia o una investigación concluyente que comprobara los señalamientos realizados, razón por la cual resultaban lesivas para los derechos fundamentales protegidos.
Con la apertura del incidente, el juzgado otorgó 48 horas al presidente para informar qué actuaciones ha realizado con el fin de cumplir la orden judicial. Este plazo busca determinar si existe voluntad efectiva de acatar la sentencia o si, por el contrario, persiste la omisión, lo que podría derivar en sanciones de carácter disciplinario o económico. El incidente de desacato se convierte así en un capítulo decisivo, pues examina no solo la conducta del mandatario, sino la capacidad institucional del país para hacer valer las decisiones de los jueces frente a cualquier funcionario público, incluso el jefe de Estado.
Cómo surgió el caso Coosalud
El caso Coosalud tomó relevancia nacional en septiembre de 2024, cuando la Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló que Mario Urán, asesor de la EPS, habría direccionado recursos hacia un pequeño grupo de clínicas que, presuntamente, eran de su interés. Estas revelaciones generaron cuestionamientos sobre el manejo interno de la entidad y llevaron a la Supersalud a intervenirla para esclarecer la información y determinar la magnitud de las posibles irregularidades.
Tras la intervención, la Supersalud encontró que la EPS habría desviado alrededor de $200 mil millones por medio de un autopréstamo realizado con recursos destinados al sistema de salud. Ese hallazgo alimentó la discusión pública, y fue a partir de estos hechos que el presidente Petro realizó sus declaraciones señalando a la entidad y a su antiguo gerente. Sin embargo, los jueces subrayaron que, a falta de un fallo que responsabilizara directamente a Jaime González, no resultaba válido realizar imputaciones personales sin sustento judicial.
¿Debe Petro rectificar públicamente?
La orden judicial es contundente: debe hacerlo. El Tribunal de Cundinamarca concluyó que la libertad de expresión no habilita la difusión de señalamientos que puedan afectar la honra de ciudadanos sin que exista un proceso previo que determine responsabilidades. Además, resaltó que cuando la afirmación proviene del presidente de la República, su impacto es aún mayor, pues la ciudadanía tiende a interpretar sus palabras como hechos comprobados.
El proceso ahora avanza bajo la vigilancia del juzgado que abrió el incidente de desacato, el cual evaluará si la respuesta del mandatario cumple con los parámetros exigidos. Mientras tanto, el caso pone sobre la mesa interrogantes de fondo sobre la relación entre las declaraciones públicas de los funcionarios y la obligatoriedad del debido proceso. ¿Cuál es el límite entre la denuncia política y la imputación personal? ¿Cómo debe actuar el Estado para garantizar transparencia sin afectar derechos fundamentales?
Lo cierto es que la controversia no solo gira en torno a la situación interna de Coosalud, sino también al papel de las instituciones para exigir responsabilidad y equilibrio en la comunicación pública de quienes ocupan los más altos cargos del poder.
