La Fiscalía pidió medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Petro Burgos, al señalar que habría intervenido para facilitar la entrega de al menos dos contratos entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico durante 2021 y 2022, recibiendo posteriormente recursos para cubrir asuntos personales de él, de Daysuris del Carmen Vásquez y de Pedro Name. La exposición estuvo a cargo de la fiscal Lucy Laborde, quien también adelanta procesos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el hijo del presidente. En esta ocasión, la funcionaria fue enfática en que Petro debía ser enviado a prisión por el rol que habría cumplido en la coordinación de estos contratos. Según explicó, la intervención de Nicolás habría sido determinante para que los recursos terminaran beneficiando intereses personales y no los fines del convenio celebrado entre la fundación y la entidad departamental.
Laborde aseguró ante el juez que la instrumentalización de Vásquez fue una pieza clave dentro de la operación. En su intervención señaló que la entonces esposa de Petro actuó como enlace entre el representante de la fundación y la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico siguiendo instrucciones directas del hoy procesado. La fiscal sostuvo que la influencia social y política de Nicolás en el Caribe habría facilitado estos acercamientos.
El papel de Daysuris Vásquez en la entrega de contratos
Durante la audiencia, la fiscal explicó que Daysuris Vásquez no solo habría gestionado los contactos, sino que lo hacía bajo indicaciones precisas de su pareja. Laborde afirmó que la relevancia social de Petro en la región era un factor que habilitaba estas conexiones, lo que, según la Fiscalía, facilitó un acceso privilegiado a la contratación pública departamental. La funcionaria recordó que los hechos investigados no se limitan a su relación con Vásquez, sino que hacen parte de un esquema en el que la posición de Nicolás como diputado habría sido decisiva. En palabras de Laborde, “bastaba una reunión” con la entonces gobernadora Elsa Noguera para abrir puertas a posibles recursos de contratación. Esta afirmación fue presentada como uno de los puntos que demostrarían la capacidad del investigado para influir en procesos administrativos claves dentro de la gobernación.
La Fiscalía también señaló que los recursos derivados de los contratos no habrían sido utilizados para el objeto contractual, sino para fines personales. Según lo expuesto, esta desviación de fondos es uno de los elementos más graves del caso, en tanto se habría utilizado una figura contractual para ocultar beneficios particulares, afectando la finalidad pública de los convenios celebrados.
Audio revelado por la Fiscalía durante la audiencia
En medio de su solicitud de medida de aseguramiento, Laborde reveló un audio que, según la Fiscalía, evidencia la manera en que Nicolás Petro habría instruido a Daysuris Vásquez para coordinar la asignación de los contratos cuestionados. El material, del cual no se dieron detalles públicos adicionales durante la audiencia, fue presentado como prueba de que la participación de Vásquez no obedecía a decisiones propias, sino al direccionamiento del hijo del presidente.
La fiscal sostuvo que el contenido del audio permite inferir la estructura de la operación, la cual incluía la entrega de contratos a la Fundación Conciencia Social y la posterior recepción de recursos por parte de Petro y su círculo cercano. Este elemento probatorio fue descrito como determinante para sustentar la solicitud de cárcel preventiva, al mostrar un posible ejercicio de poder orientado a obtener beneficios personales mediante el acceso a contratos públicos.
Laborde reiteró ante el juez que la medida de aseguramiento intramural resulta necesaria debido al riesgo de obstrucción a la justicia y por la gravedad de los hechos atribuidos. La Fiscalía argumentó que la capacidad de influencia del procesado podría afectar el normal desarrollo del proceso judicial y que, dada la naturaleza de los delitos investigados, la prisión preventiva sería la respuesta proporcional.
El caso continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes en el ámbito político y judicial del país, en tanto involucra la presunta utilización irregular de la contratación pública departamental para la obtención de recursos personales. El avance de las diligencias y las decisiones que tome el juez definirán los pasos siguientes en un proceso que mantiene la atención nacional.
