La Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de medida de aseguramiento en lugar de residencia contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro del proceso por el presunto direccionamiento de millonarios contratos vinculados a la UNGRD. La petición, presentada ante la magistrada Alexandra Rosero, se dio durante la audiencia posterior a la imputación de cargos, donde el ente acusador expuso los argumentos que, según la investigación, justificarían la restricción de la libertad de los exfuncionarios.
En la diligencia, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, señaló que la solicitud cumple con los requisitos legales previstos en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. De acuerdo con la funcionaria, el pedido coincide con lo dispuesto en el artículo 250 de la Carta Política, que faculta a la Fiscalía para solicitar medidas privativas de la libertad cuando se considere necesario para garantizar el avance del proceso o evitar riesgos procesales.
La Fiscalía reiteró que, según las evidencias recopiladas, Bonilla y Velasco habrían intervenido en un esquema dirigido a orientar recursos públicos con el fin de asegurar apoyos políticos en el Congreso, especialmente durante las discusiones de las reformas pensional y de salud.
La investigación señala que ambos exministros habrían impulsado la promoción de proyectos estratégicos mediante entidades como Invías y la UNGRD, aprovechando la capacidad administrativa para favorecer intereses particulares de congresistas clave en dichas reformas.
Participación de los exministros en el direccionamiento de proyectos
Según el ente investigador, los exfuncionarios habrían promovido el direccionamiento de 74 proyectos radicados en Invías, por un valor de 571.701 millones de pesos, además de cinco proyectos en la UNGRD, que sumaban 40.536 millones de pesos, alcanzando un total de 612.237 millones de pesos.
La Fiscalía detalló que, aunque estos proyectos fueron gestionados bajo el supuesto acuerdo ilícito, solo siete convenios llegaron a concretarse. No obstante, insistió en que el alcance de la gestión evidenciaría una intención de influir políticamente mediante el uso de recursos públicos.
En su intervención, la fiscal Patiño señaló que estas actuaciones estaban relacionadas con la necesidad del Gobierno de obtener mayorías legislativas en el Congreso, particularmente durante los debates de las reformas de alto impacto que estaban en discusión.
Relevancia del testimonio de Olmedo López en la investigación
Uno de los episodios clave expuestos por la Fiscalía ocurrió el 13 de junio de 2023, cuando Olmedo López asistió al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado. Durante ese encuentro, según lo relatado por Patiño, López acordó con Marta Peralta gestionar proyectos dentro de la UNGRD que eran de interés para representantes de dicha comisión, entre ellos Berenice Bedoya.
La fiscal explicó que Peralta solicitó a López atender a los congresistas de la coalición debido a su inconformidad por la poca participación en espacios gubernamentales. Por esta razón, habría señalado la necesidad de direccionar la contratación de la entidad a favor de esos parlamentarios, con el fin de mantener cohesionada la coalición legislativa en temas claves.
Este testimonio, según la Fiscalía, constituye una de las piezas centrales del caso, dado que aporta detalles sobre la forma en que se habrían articulado las gestiones políticas y contractuales para asegurar apoyos dentro del Congreso de la República.
