Este lunes 1 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación avanzará en un nuevo capítulo judicial del escándalo de la UNGRD al imputar cargos a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La diligencia, que se realizará de forma virtual desde las 9:00 de la mañana, se desarrolla por su presunta participación en el entramado de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Ambos exfuncionarios deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
La audiencia tendrá lugar ante el Tribunal Superior de Bogotá, debido a que los exministros cuentan con fuero especial. La decisión de la Fiscalía se produce luego de que María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, obtuviera un principio de oportunidad y entregara detalles que comprometen a los exfuncionarios en el direccionamiento irregular de contrataciones millonarias.
El rol de Benavides en el direccionamiento de contratos
De acuerdo con la investigación adelantada por la fiscal Patiño, María Alejandra Benavides habría actuado como enlace entre el Ministerio de Hacienda y la UNGRD en el presunto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos. Según su versión, los acuerdos buscaban beneficiar a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público para asegurar su apoyo a la ampliación del endeudamiento del Gobierno Nacional.
La Fiscalía sostiene que otros procesados “coordinaban con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro; y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Entre los beneficiados estarían, presuntamente, los congresistas Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”.
La exasesora declaró bajo juramento que existió un acuerdo entre Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el entonces asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para lograr la aprobación de créditos internacionales. Durante su relato, aseguró que Bonilla la presionó para obtener la autorización de un desembolso millonario dirigido a la UNGRD. “Él me usó y usó el hecho de ser el Ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, afirmó.
Los recursos habrían sido destinados a obras de mitigación por la temporada invernal. La Fiscalía logró establecer la distribución de los contratos: 50.000 millones de pesos para Cotorra (Córdoba), 12.356 millones para El Salado (Bolívar) y 30.000 millones para Saravena (Arauca).
Las pruebas que presentará la Fiscalía en la audiencia
La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, al considerar la gravedad de las acusaciones y el alcance del presunto entramado. Durante la diligencia se expondrán los chats, videos de cámaras de seguridad y las declaraciones entregadas por Benavides, donde señala que Bonilla la habría presionado para cometer conductas delictivas.
También se incluirán los testimonios y comunicaciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien confesó que detrás del esquema de corrupción estaban los exministros de Hacienda y del Interior. Estas declaraciones se han convertido en piezas clave dentro de la investigación, pues López había sostenido previamente que las decisiones en la UNGRD respondían a lineamientos de altos funcionarios del Gobierno.
La acusación formal contra los exministros se desprende directamente del principio de oportunidad concedido a Benavides, cuyo testimonio permitió reconstruir el funcionamiento del presunto direccionamiento de contratos y las motivaciones políticas que lo rodeaban. La Fiscalía avanza en su tesis de que el esquema buscaba asegurar respaldos legislativos mediante beneficios contractuales destinados a regiones específicas.
Con esta imputación, las autoridades judiciales buscan esclarecer hasta qué punto los exministros participaron en el direccionamiento irregular de recursos públicos y cuál fue la influencia de otros funcionarios y asesores en la toma de decisiones. La diligencia de este lunes será definitiva para establecer la solidez de las pruebas presentadas y el avance del caso dentro de las instancias judiciales correspondientes.
¿Qué viene ahora en el proceso contra los exministros?
Tras la imputación de cargos, el Tribunal Superior de Bogotá evaluará la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía. De ser concedida, los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco enfrentarían el proceso judicial desde un establecimiento carcelario, lo que marcaría un giro significativo en el desarrollo del caso.
La Fiscalía continuará incorporando las declaraciones de los implicados, incluyendo las de Benavides y Olmedo López, quienes han señalado directamente a los exministros como parte fundamental del entramado. Esta etapa procesal permitirá establecer si las pruebas recopiladas hasta el momento son suficientes para avanzar hacia un eventual juicio.
Mientras tanto, el país permanece atento al curso de este proceso que involucra a altos exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro y que podría derivar en nuevas decisiones judiciales. ¿Qué otros elementos revelarán las autoridades sobre el presunto direccionamiento de contratos en la UNGRD?
