El asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda provocó una profunda reacción en las Fuerzas Militares, que denunciaron que el oficial fue atacado en estado de indefensión. El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio Champagnat, donde dos hombres armados lo abordaron y le dispararon de manera indiscriminada mientras se desplazaba por la zona. La gravedad del ataque encendió las alarmas institucionales y derivó en pronunciamientos de alto nivel por la forma en que se perpetró el crimen.
Granados Rueda se desempeñaba como jefe del departamento de operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico Nº 3, una unidad encargada de operaciones contra grupos dedicados al tráfico de drogas. Su rol operativo en esta brigada lo ubicaba en un contexto de alto riesgo, aunque las Fuerzas Militares subrayaron que en este caso el ataque ocurrió cuando se encontraba desprovisto de cualquier posibilidad de defensa. Según la institución, se trató de un crimen ejecutado con premeditación y sin que el oficial pudiera reaccionar ante sus agresores.
Condena de las Fuerzas Militares y rechazo institucional
Las Fuerzas Militares afirmaron que el asesinato constituye una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos. El señalamiento se hizo público como parte de un comunicado en el que se enfatizó que el ataque contra un militar en estado de indefensión vulnera normas fundamentales que rigen los conflictos y la protección de quienes no representan una amenaza inmediata.
En su mensaje, la institución también expresó consternación por lo sucedido y envió condolencias a la familia del oficial, así como a sus compañeros y amigos. La muerte de Granados Rueda, quien cumplía funciones clave en la lucha contra el narcotráfico, impactó de manera especial al interior del Ejército, que resaltó su trayectoria y el compromiso demostrado en el cumplimiento de sus labores.
El Ejército añadió que este hecho demanda una respuesta contundente de las autoridades judiciales y policiales para evitar que crímenes de esta naturaleza queden en la impunidad. La institución reiteró su determinación de continuar las operaciones contra los grupos ilegales que representan amenazas para la seguridad del país.
Reacción del presidente Petro y calificación del crimen
El presidente Gustavo Petro se refirió al asesinato del teniente coronel y lo calificó como un crimen de guerra. El mandatario señaló que solicitó un informe detallado sobre las condiciones de seguridad en los desplazamientos del oficial, en aras de establecer si existieron fallas en los protocolos o riesgos específicos que no fueron advertidos con anterioridad.
La declaración presidencial se sumó a la indignación nacional generada por el ataque y elevó el nivel del debate sobre la violencia contra miembros de la Fuerza Pública. Petro manifestó que el país enfrenta hechos que requieren investigaciones rápidas y eficaces para esclarecer la responsabilidad de los autores y garantizar justicia en tiempo oportuno.
La afirmación del presidente también resalta la gravedad del crimen dentro del marco jurídico colombiano, pues ubicarlo en la categoría de crimen de guerra implica un tratamiento diferenciado en la investigación y sanción de quienes resulten responsables. La declaración fue recibida con atención por organismos de control y autoridades judiciales encargadas del caso.
Operativo conjunto para capturar a los responsables
Tras conocerse el asesinato, autoridades locales y departamentales coordinaron un operativo conjunto para dar con el paradero de los responsables. Policía, Ejército y Fiscalía unieron capacidades para desplegar acciones de búsqueda en Popayán y áreas circundantes, con el objetivo de identificar y capturar a los dos hombres señalados de perpetrar el homicidio.
El crimen generó indignación entre los habitantes de la zona, quienes manifestaron preocupación por los niveles de violencia recientes. Para muchos pobladores, el ataque a un oficial en ejercicio refleja la vulnerabilidad en ciertos sectores de la ciudad y pone en evidencia la presencia de actores armados que representan riesgos constantes para la comunidad.
Las autoridades mantienen activa la investigación judicial, mientras avanzan en la recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y seguimiento operacional en los sectores donde se presume podrían ocultarse los responsables. El caso continúa siendo prioritario para las instituciones de seguridad por la gravedad de los hechos y el impacto que tuvo en el ámbito militar.
El asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda deja un profundo mensaje sobre los riesgos que enfrentan quienes combaten estructuras criminales, además de abrir interrogantes sobre las amenazas que persisten en zonas urbanas donde la presencia institucional debería ofrecer mayores garantías de seguridad. Las Fuerzas Militares y el Gobierno mantienen su llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita avanzar en la identificación de los responsables.
