La situación en el Parque Nacional volvió a generar preocupación este miércoles 26 de noviembre, luego de que un grupo de indígenas de la comunidad Emberá ocupara nuevamente este espacio público de manera ilegal. Según las autoridades distritales, estas personas se encontraban previamente en diferentes pagadiarios de Bogotá y llegaron al parque cerca de las 4:00 a. m.
La Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá confirmó que el vocero Jairo Borocuara es quien ha liderado las vías de hecho para reinstalarse en el parque, pese a los diálogos establecidos y a las ayudas que se han otorgado durante los últimos años. El Distrito rechazó esta nueva toma y reiteró que la comunidad no debe permanecer ni pasar la noche en el lugar.
Postura del Distrito y beneficios otorgados
Las entidades distritales recordaron que la comunidad Emberá ha recibido múltiples beneficios a través de programas institucionales. De acuerdo con la Consejería de Paz, se han implementado retornos a los territorios de origen, ayudas económicas, mesas de diálogo y pagos de arriendo por más de nueve meses durante el 2024. Estas acciones se han desarrollado para garantizar condiciones dignas a las familias y facilitar procesos de retorno seguros.
A pesar de estas alternativas, el grupo que ocupa el Parque Nacional insiste en permanecer en el lugar y ha realizado exigencias económicas para acceder a un eventual retiro del espacio público. El Distrito reiteró su rechazo a esta postura, debido a que contradice los acuerdos y esfuerzos adelantados para atender las necesidades de la comunidad.
Exigencia de $200 millones y negativa de Borocuara a acuerdos
La Consejería de Paz confirmó que se establecieron canales de comunicación con el vocero Jairo Borocuara, pero que no se ha logrado llegar a un acuerdo. Según la entidad, se le ofreció recibirlo en un territorio autorizado por la autoridad Emberá, opción que Borocuara rechazó.
Durante los diálogos, el vocero aseguró que solo se retiraría del Parque Nacional si se le entregaban $200 millones, y afirmó que, de no recibir estos recursos, él y quienes lo acompañan no abandonarían el lugar. Esta exigencia ha generado tensión, ya que condiciona la salida de un espacio público a una suma económica específica.
La subsecretaria de Gobierno, Lina Lozada, se refirió a esta solicitud y explicó:
“Hemos abierto los canales (…) todo el día hemos tenido diferentes mesas y hemos invitado a personas de la comunidad para que participen en ellas. Desafortunadamente, uno de los líderes que los está representando, abiertamente nos dijo a las entidades públicas que nos piden $200 millones para irse del Parque Nacional”.
La exigencia es catalogada como extorsión
Desde la administración distrital, la solicitud fue calificada como una extorsión, y se reiteró que la ciudad no accederá a la entrega de dinero para permitir la desocupación del parque. Lozada destacó que esta es una petición a la cual el Distrito “no va a acceder”, dejando claro que no se permitirá la instrumentalización de menores de edad ni la presión mediante vías de hecho para obtener recursos públicos.
Las autoridades insistieron en que la presencia de la comunidad no puede convertirse en una práctica repetitiva para condicionar decisiones institucionales ni para obtener beneficios por fuera de los mecanismos establecidos.
Identificación de participantes bajo liderazgo de Borocuara
La Consejería confirmó que se ha identificado plenamente a las personas que acompañan a Borocuara en la ocupación. De acuerdo con los listados registrados, 26 personas participan en las vías de hecho. Entre ellas, 17 son mayores de edad —16 con cédula de ciudadanía y una con tarjeta de identidad— y 11 han sido identificadas como jefes de hogar por la misma comunidad.
Asimismo, 11 adultos han recibido medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata entre 2021 y 2025, mientras que cuatro personas accedieron a alojamiento transitorio por ocho meses bajo modalidad de arriendo familiar, tras el retorno gestionado desde el Parque Nacional en septiembre de 2024.
Balance actual y acciones futuras
Según cifras del Distrito, en el Parque Nacional permanecen 30 personas, de las cuales 15 son menores de edad. Las autoridades continúan monitoreando la zona y mantienen operativos para proteger los derechos de esta población, sin permitir que la ocupación se convierta nuevamente en un asentamiento indefinido.
La administración distrital reiteró que se han ofrecido soluciones viables, apoyo humanitario y rutas de retorno adecuadas, pero que la exigencia económica mantiene bloqueados los avances en los acuerdos.
El Distrito aseguró que persistirá en los canales de diálogo, pero que no aceptará condiciones que vulneren la normatividad o que incentiven prácticas ilegales para ocupar el espacio público.
