El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, enfrenta un nuevo capítulo tras su más reciente intervención ante la justicia. Durante una diligencia adelantada ante el juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, el exdiputado del Atlántico se declaró inocente de los cinco delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación, relacionados con presuntos hechos de corrupción en contratos públicos.
El ente investigador sostiene que Petro Burgos habría participado en la apropiación irregular de recursos mediante la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico, dentro de una presunta red destinada a desviar dinero de contratos estatales.
La declaración de inocencia ante el juez
Durante la audiencia, Nicolás Petro manifestó que no aceptaba los cargos formulados por la Fiscalía. Las conductas por las que fue imputado corresponden a interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Estas acusaciones, según el ente acusador, se derivan de su supuesta intervención en la desviación de recursos públicos a través de la Fundación Fucoso.
La fiscal del caso, Lucy Laborde, explicó que las imputaciones se inscriben dentro del denominado caso Fucoso, señalando que la investigación contempla un concurso heterogéneo, homogéneo y sucesivo de delitos. En su intervención aseguró:
“Los delitos se enmarcan en lo que denominaremos el caso ‘FUCOSO’. Así, con relación a estos hechos jurídicamente relevantes, se le imputa por el concurso heterogéneo, homogéneo y sucesivo de las siguientes conductas punibles: el interés indebido en la celebración de contratos a título de coautor interviniente, peculado por apropiación a favor de terceros a título de coautor interviniente, tráfico de influencias a título de autor interviniente”.
Funcionarios y allegados vinculados al proceso
La investigación no solo involucra a Petro Burgos. De acuerdo con la Fiscalía, también fueron vinculados funcionarios de la Gobernación del Atlántico, el representante legal de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez. Todos ellos habrían participado en la apropiación irregular de importantes sumas de dinero provenientes de contratos estatales.
Según el ente acusador, la conducta investigada corresponde a un acuerdo criminal diseñado para beneficiar a la fundación y a particulares cercanos al exdiputado. La Fiscalía sostiene que existió un pacto para direccionar contratos a favor de la organización, con el fin de lograr la apropiación ilícita de recursos departamentales.
El presunto acuerdo corrupto descrito por la Fiscalía
En la presentación del caso, la fiscal Laborde expuso la existencia de un entramado articulado para asegurar la entrega irregular de recursos públicos. Aseguró que, según las evidencias recopiladas, el grupo investigado habría empleado la fundación como vehículo para obtener contratos de la Gobernación del Atlántico y desviar posteriormente el dinero asignado.
De acuerdo con su declaración:
“Este acuerdo corrupto consistente entre ustedes, consistía en una serie de contratos en la Gobernación del Atlántico, a favor de la Fundación ‘FUCOSO’, con el propósito de apropiarse de recursos del ente departamental, entre tanto, una gran parte de estos, no eran usados para el objeto contractual que fue creado, sino para repartirse ilícitamente entre ustedes”.
Este señalamiento refuerza la hipótesis de la Fiscalía sobre la existencia de una estructura destinada a manipular contratos públicos, con el objetivo de favorecer intereses particulares y obtener beneficios económicos de manera sistemática.
Nuevos cargos dentro del proceso
El proceso judicial contra Nicolás Petro continúa ampliándose. Además de los delitos inicialmente formulados, la Fiscalía adicionó nuevos cargos dentro del expediente. Las conductas imputadas incluyen interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Estas imputaciones complementan el conjunto de responsabilidades penales que el ente investigador atribuye al exdiputado, derivadas del presunto manejo irregular de los contratos adjudicados a la Fundación Fucoso.
Manejo del dinero y presunta ocultación de trazabilidad
Otro de los aspectos que destacó la Fiscalía tiene que ver con el presunto método utilizado para mover los recursos desviados. Según la información expuesta ante el juez, el dinero de los contratos habría sido “canalizado” mediante efectivo y cheques, entregados en viviendas y lugares privados para, supuestamente, “evitar su trazabilidad”.
Este mecanismo habría permitido, según el ente acusador, eludir controles institucionales y garantizar que los movimientos financieros no pudieran ser rastreados fácilmente.
Un proceso judicial que continúa avanzando
La declaración de inocencia por parte de Nicolás Petro marca un nuevo momento dentro de un proceso judicial que sigue creciendo en alcance y complejidad. Las acusaciones presentadas por la Fiscalía, la inclusión de nuevos implicados y los detalles revelados sobre la supuesta estructura de corrupción contractual mantienen el caso como uno de los más relevantes del ámbito judicial y político reciente.
El avance del proceso determinará las responsabilidades individuales y el impacto jurídico que podrían enfrentar los investigados, mientras las autoridades continúan recopilando elementos probatorios y esclareciendo la forma en que habrían operado los hechos imputados.
