Tras la firma del Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se generó una ola de desinformación sobre la supuesta eliminación de las licencias de construcción en el país. Ante las interpretaciones erróneas, el Colegio Nacional de Curadores Urbanos emitió un comunicado para aclarar los alcances reales de la norma, que busca agilizar la ejecución de subsidios de vivienda sin debilitar los controles técnicos ni urbanísticos.
El espíritu del decreto: simplificación, no eliminación
Según el Colegio, el Decreto 1166 de 2025 tiene como propósito simplificar los trámites de programas como Mejoramiento de Vivienda, Vivienda Progresiva, Construcción en Sitio Propio y Autoconstrucción bajo el modelo de autogestión.
Estos beneficios aplican únicamente a Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP) que cuenten con subsidios otorgados directamente por el Gobierno Nacional.
La norma se fundamenta en el Artículo 301 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo, que permite crear mecanismos para agilizar el uso de los recursos destinados a vivienda social.
El decreto introduce la figura de la “carta de responsabilidad”, un documento técnico que podrá reemplazar la licencia de construcción solo en los proyectos con subsidios VIS y VIP. Este mecanismo busca facilitar la inversión pública en vivienda de interés social, manteniendo la responsabilidad técnica en manos de profesionales acreditados.
La carta de responsabilidad: control técnico y compromiso profesional
El Colegio Nacional de Curadores Urbanos enfatizó que esta carta no elimina los controles, sino que los traslada a los profesionales responsables del diseño y la ejecución de las obras, como arquitectos e ingenieros estructurales.
Ellos deberán certificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de sismorresistencia, asumir las consecuencias legales de cualquier incumplimiento y remitir los planos y estudios técnicos a las autoridades de control urbano, del mismo modo que ocurre con las licencias tradicionales expedidas por curadurías o secretarías de Planeación.
Además, el decreto aún no ha sido reglamentado. El Ejecutivo cuenta con un plazo de seis meses para definir los procedimientos y requisitos técnicos de su implementación.
Lo que sí y lo que no cubre la norma
El Colegio aclaró que el Decreto 1166 no aplica a:
- Construcciones sin subsidio del Gobierno Nacional.
- Zonas de riesgo o protección ambiental.
- Vivienda rural.
En estos casos, continúa siendo obligatoria la licencia de construcción dentro del régimen establecido por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, que mantienen vigente la función pública de los curadores urbanos en los municipios que han adoptado esta figura.
Posiciones enfrentadas y debate político
La medida, aunque presentada como un mecanismo de eficiencia, ha generado controversia en el sector constructor y político.
La concejal Sandra Forero advirtió que “la decisión adoptada por el Gobierno sobre licenciamiento para remodelaciones desregula el principal instrumento de formalidad técnica en el sector vivienda y abre la puerta a una inversión pública sin garantías de seguridad ni control institucional”.
Forero cuestionó la eliminación de la licencia en proyectos financiados con recursos públicos, al considerar que representa “un retroceso institucional que pone en riesgo la seguridad jurídica, técnica y urbanística, y la vida de las familias más vulnerables”.
Llamado a la claridad y la legalidad
El Colegio Nacional de Curadores Urbanos insistió en que el régimen de licenciamiento urbanístico se mantiene vigente, así como la función de los curadores urbanos, quienes seguirán siendo garantes de la legalidad y la correcta aplicación de las normas en materia de construcción.
La entidad también invitó al sector constructor y a la ciudadanía a consultar el texto oficial del decreto para evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar la formalidad y seguridad de los proyectos.
“Este pronunciamiento busca brindar claridad en medio de la confusión generada por la nueva norma, y garantizar que el desarrollo urbano del país continúe bajo parámetros técnicos, legales y responsables”, concluyó el Colegio.
