La jueza Sandra Heredia, reconocida por haber emitido la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue denunciada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por presuntamente haber incurrido en una “evidente postura política” dentro de su decisión judicial.
La denuncia fue presentada por el abogado Eduardo Castillo González, quien argumenta que la funcionaria habría vulnerado el principio de imparcialidad judicial al incorporar consideraciones ideológicas en la sentencia dictada el 1.º de agosto de 2025, en la cual Uribe fue condenado a doce años de prisión por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Según la queja, difundida inicialmente por la Revista Semana, la jueza “utilizó expresiones con clara carga política y valoraciones que no corresponden a un análisis técnico-jurídico”, lo que, de comprobarse, podría derivar en un proceso disciplinario de gran relevancia para la administración de justicia.
Los argumentos de la denuncia
En el documento radicado ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el abogado Castillo sostiene que la jueza Heredia “se apartó de la neutralidad exigida a todo funcionario judicial” al incluir en el texto del fallo afirmaciones que, según él, denotan una posición ideológica contraria al uribismo.
El denunciante argumenta que en varios apartes de la sentencia se hacen alusiones a “modelos de poder político” y “estructuras de dominación social” que no tienen relación directa con el proceso penal. Además, Castillo advierte que la jueza habría hecho referencia a temas de carácter histórico y político en tono crítico hacia el expresidente y su gestión, lo que, a su juicio, compromete la objetividad del fallo. En su denuncia, el abogado solicita a la Comisión que investigue si estas manifestaciones pueden constituir una falta disciplinaria grave, en la medida en que podrían configurar una violación a los principios de independencia judicial y equilibrio procesal.
Reacciones del entorno político y judicial
La denuncia ha generado una nueva ola de polarización en el país. Sectores cercanos al Centro Democrático han respaldado la acción del abogado Castillo, calificándola como un paso necesario para “garantizar la transparencia y la neutralidad judicial” en el caso más mediático de los últimos años. Por su parte, varios analistas y figuras del ámbito jurídico consideran que el proceso debe ser tramitado con prudencia, evitando convertirlo en un nuevo frente de confrontación política. “El control disciplinario sobre los jueces es un mecanismo legítimo, pero debe ejercerse sin presiones mediáticas ni sesgos partidistas”, señaló un exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá citado por medios nacionales. Desde el otro lado, organizaciones de derechos humanos y juristas independientes han defendido la actuación de la jueza Heredia, asegurando que su fallo se basó en pruebas sólidas y en el análisis detallado de los testimonios del caso. A su juicio, las denuncias en su contra buscan “desacreditar la independencia judicial” y presionar a los tribunales que deberán revisar la sentencia en segunda instancia.
Contexto del caso Uribe y la condena judicial
El fallo emitido por la jueza Sandra Heredia, adscrita al Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, marcó un hecho histórico: fue la primera vez que un expresidente de Colombia fue condenado penalmente en el país. La decisión, leída en una audiencia pública el pasado 1.º de agosto, determinó que Uribe había influido de manera indebida sobre testigos que declararon en procesos judiciales relacionados con sus vínculos con grupos paramilitares. La jueza fundamentó su fallo en más de 1.500 folios de pruebas y testimonios, concluyendo que existió una estrategia sistemática para manipular declaraciones que beneficiaran al exmandatario. La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, que será el encargado de revisar la legalidad y solidez de la sentencia. Mientras tanto, la denuncia disciplinaria contra la jueza se tramita de manera paralela, lo que agrega una nueva capa de complejidad al proceso judicial.
¿Qué podría pasar si se comprueba la falta disciplinaria?
Si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial determina que la jueza Heredia incurrió en un comportamiento incompatible con la imparcialidad judicial, podría enfrentar sanciones que van desde una amonestación escrita hasta la suspensión temporal del cargo. En casos graves, incluso podría contemplarse su destitución. Sin embargo, expertos en derecho disciplinario explican que demostrar una “postura política” en una sentencia no es sencillo, pues las decisiones judiciales pueden incluir interpretaciones amplias del contexto social o político de los hechos, siempre que estén debidamente sustentadas en la ley. En este escenario, la defensa de la jueza podría alegar que las expresiones señaladas por el denunciante forman parte del razonamiento jurídico y no constituyen sesgo. Por ahora, la Comisión deberá evaluar la pertinencia de abrir una investigación formal y determinar si existen elementos que ameriten avanzar en el proceso.
¿Se judicializa la justicia en Colombia?
El caso de la jueza Sandra Heredia abre un nuevo debate sobre los límites entre la independencia judicial y la responsabilidad disciplinaria de los jueces. Mientras unos sectores advierten que el control sobre las decisiones judiciales puede utilizarse como herramienta de presión política, otros insisten en que el escrutinio disciplinario es necesario para preservar la confianza ciudadana en la justicia. En medio de este panorama, la figura de Álvaro Uribe sigue siendo un eje de polarización nacional, y su caso continúa marcando el pulso político y jurídico del país. La pregunta que queda abierta es si la investigación contra la jueza reforzará la legitimidad de las instituciones o si, por el contrario, profundizará la percepción de persecución política en torno a los fallos judiciales más sensibles.
