El Gobierno Nacional oficializó ayer, jueves 24 de octubre, un nuevo incremento en el precio de la gasolina corriente, que subió $100 por galón, ubicando el valor promedio nacional en $16.000. La medida, que se aplicó desde la medianoche del viernes, generó diversas reacciones entre los conductores, gremios del transporte y analistas económicos. Según el Ministerio de Minas y Energía, el aumento respondió a la necesidad de mantener la estabilidad fiscal del país y cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
La decisión, anunciada en el más reciente comunicado de la cartera energética, afectó principalmente a las capitales, donde los costos de distribución y transporte son mayores. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali ya registraron precios cercanos o superiores al promedio nacional, mientras que en zonas fronterizas como Cúcuta y Leticia se mantuvieron excepciones por razones económicas y de abastecimiento.
Justificación oficial del incremento
El Ministerio de Minas y Energía explicó que el ajuste hacía parte de una política gradual para cerrar la brecha entre el costo real de importación del combustible y el precio interno. La entidad recordó que Colombia aún subsidia una porción importante del valor de la gasolina, lo que representa un gasto fiscal superior a los $30 billones anuales. Con el nuevo incremento, el Gobierno buscó reducir esa presión sobre las finanzas públicas y contribuir al equilibrio macroeconómico.
De acuerdo con fuentes oficiales, el precio internacional del petróleo y la devaluación del peso también influyeron en el ajuste. A pesar de que el barril de crudo Brent se mantuvo estable en las últimas semanas, el costo de los refinados importados, como la gasolina, continuó elevado. El Ministerio aseguró que el aumento era inevitable para garantizar la sostenibilidad del FEPC, instrumento que ha evitado incrementos abruptos en los últimos años.
Impacto en el bolsillo de los colombianos
El nuevo valor de la gasolina generó preocupación entre los consumidores y los sectores productivos. Organizaciones como la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) advirtieron que el alza podría trasladarse a los precios de los alimentos y los bienes básicos, encareciendo la cadena logística. Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) manifestó que el incremento impactaría la inflación, especialmente en regiones con alta dependencia del transporte terrestre.
Algunos economistas señalaron que el efecto inflacionario podría ser moderado si el Gobierno mantiene los subsidios al diésel, combustible utilizado por la mayoría de los vehículos de carga. Sin embargo, advirtieron que, si se prolongan los aumentos mensuales, la economía podría enfrentar presiones en el consumo y la competitividad. Para los conductores particulares, llenar el tanque de un vehículo promedio representó un gasto adicional de entre $4.000 y $6.000 por tanqueada.
Reacciones políticas y ciudadanas
En el ámbito político, la medida fue recibida con críticas por parte de algunos sectores del Congreso. Legisladores de oposición cuestionaron que el aumento se realizara en medio de la desaceleración económica y sin medidas compensatorias para los hogares de menores ingresos. Desde el Ejecutivo, se defendió la decisión argumentando que los ajustes en los precios de la gasolina eran una política de responsabilidad fiscal heredada de gobiernos anteriores y que su aplicación gradual evitó choques bruscos.
En redes sociales, numerosos ciudadanos expresaron su inconformidad, calificando el incremento como “otro golpe al bolsillo”. Algunos gremios del transporte intermunicipal incluso analizaron la posibilidad de solicitar revisiones en las tarifas, mientras que los motociclistas reclamaron la ausencia de medidas diferenciales para su segmento.
¿Qué se espera para los próximos meses?
Según proyecciones del Ministerio de Minas y Energía, el precio de la gasolina podría mantenerse estable durante los últimos meses del año si no se presentan variaciones significativas en el mercado internacional. No obstante, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos ajustes en 2026 si el déficit del FEPC no se reduce al ritmo esperado.
El Ejecutivo aseguró que continuará buscando un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y protección al consumidor, y reiteró su compromiso con la transición energética y el uso de combustibles más limpios. Para los analistas, el reto será mantener la confianza ciudadana mientras se avanza hacia un esquema de precios más realista que refleje los costos internacionales sin afectar la recuperación económica.
