La Procuraduría General de la Nación presentó una demanda de nulidad total contra el convenio suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, firmado por más de 1.3 billones de pesos para la fabricación de pasaportes colombianos. El órgano de control solicitó tumbar completamente el contrato, al considerar que durante su celebración se presentaron graves vicios e irregularidades que vulneraron la normatividad de la contratación estatal.
El convenio fue firmado bajo la modalidad de contratación interadministrativa directa, con el objetivo de garantizar la producción de los pasaportes electrónicos del país. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que la forma en que se realizó el proceso incumplió los procedimientos legales y técnicos, lo que pone en riesgo la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos.
Irregularidades detectadas en la contratación del convenio
Según la Procuraduría, la suscripción del contrato se realizó desconociendo los principios de competencia y transparencia. En su análisis, el ente de control encontró que se vulneraron varias disposiciones legales, entre ellas los procedimientos competitivos de selección y las decisiones de la junta directiva de la Imprenta Nacional, al aprobar la participación de la entidad en el convenio con Portugal.
El organismo explicó que la contratación directa no era la modalidad adecuada para este tipo de proceso. “De acuerdo con la información allegada dentro de la vigilancia preventiva adelantada por la Procuraduría General de la Nación, se incurrió en una irregularidad en la suscripción del convenio interadministrativo y su contratación derivada, toda vez que la modalidad de selección, como fue la contratación directa, no era la procedente para el objeto a contratar”, señaló la entidad en su escrito.
Además, la Procuraduría advirtió que se presentaron anomalías en la aprobación de vigencias futuras, al no cumplir con los trámites correspondientes ante el CONPES y el CONFIS, lo que infringe los parámetros legales vigentes. Esta situación, según el ente de control, podría derivar en responsabilidades penales y disciplinarias para los funcionarios que intervinieron en la estructuración y aprobación del compromiso presupuestal.
Falta de planeación y deficiencias financieras en el contrato
El Ministerio Público también cuestionó la ausencia de estudios técnicos y financieros que sustentaran el monto del contrato y la modalidad de pago en euros. En su evaluación, la Procuraduría concluyó que el convenio carecía de una adecuada planeación y que no existían análisis previos que justificaran las cifras acordadas ni la viabilidad económica del proyecto.
El procurador delegado Marcio Melgosa sostuvo que se evidenció “una falta en la planeación por claras falencias y omisión de ítems en el modelo económico para la operación del nuevo esquema de suministro de pasaportes”. Asimismo, enfatizó que la propuesta presentada a la junta directiva de la Imprenta Nacional para aprobar las vigencias futuras no incluía estudios ni análisis previos, lo que demuestra una gestión apresurada y carente de soporte técnico.
El ente de control señaló también que el esquema financiero vulneró los principios de transparencia y planeación contractual, establecidos en la Ley 80 de 1993, lo que pone en duda la legalidad y conveniencia del acuerdo. Para la Procuraduría, este tipo de deficiencias compromete la responsabilidad administrativa de los funcionarios y afecta la confianza en la gestión pública.
Procuraduría exige devolución de recursos y sanciones
Dentro de las pretensiones de la demanda, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordene la devolución total de los recursos recibidos por la Casa de la Moneda de Portugal durante la ejecución del contrato. También pidió que se liquiden los valores indexados y que se paguen los intereses más altos permitidos por la ley a favor del Fondo Rotatorio de la Cancillería y de la Imprenta Nacional.
La entidad solicitó que los pagos se realicen desde la fecha de suscripción del convenio hasta la devolución total de los recursos, con el fin de garantizar la recuperación integral del dinero público comprometido en un proceso que, según sus conclusiones, estuvo plagado de vicios e irregularidades contractuales.
Este caso se suma a la crisis por la expedición de pasaportes que ha afectado al país en los últimos meses. Cabe recordar que Portugal responsabilizó a la Cancillería, encabezada por Laura Sarabia, por los retrasos y dificultades en el cumplimiento del convenio, lo que aumentó las tensiones diplomáticas y administrativas entre ambas naciones.
Con esta demanda, la Procuraduría busca no solo anular el contrato, sino también establecer responsabilidades administrativas y disciplinarias frente a quienes participaron en su estructuración y aprobación. De ser aceptada la solicitud, el fallo podría sentar un precedente importante en materia de control fiscal y transparencia en la contratación pública en Colombia.
La decisión final ahora queda en manos de la justicia administrativa, que deberá determinar si existieron las irregularidades señaladas y si procede la nulidad definitiva del contrato de más de 1.3 billones de pesos suscrito para la fabricación de pasaportes colombianos con la Casa de la Moneda de Portugal.
