La Fiscalía General de la Nación anunció que añadirá dos nuevos delitos a la próxima imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, en el marco de la investigación por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico. La medida judicial amplía los señalamientos en su contra y podría complicar aún más su situación penal.
Nuevos delitos imputados por la Fiscalía
De acuerdo con el ente acusador, a los cargos ya conocidos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, se sumarán ahora los delitos de peculado por apropiación y falso testimonio. Estas nuevas imputaciones se derivan de evidencias que vincularían a Petro Burgos con presuntas maniobras irregulares en la gestión de recursos públicos y en la entrega de declaraciones falsas durante el proceso judicial.
Según fuentes judiciales, el delito de peculado por apropiación implicaría que el procesado se habría beneficiado de recursos provenientes de contratos de la Gobernación del Atlántico, utilizando su posición política y sus conexiones para obtener ventajas indebidas. Por su parte, la acusación por falso testimonio estaría relacionada con inconsistencias detectadas en las versiones que ha entregado ante las autoridades durante las diferentes etapas de la investigación.
Una audiencia clave que definirá el futuro judicial del hijo del presidente
El pasado 1 de octubre, la defensa de Nicolás Petro Burgos consiguió aplazar la audiencia de imputación de cargos por presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, la nueva decisión de la Fiscalía cambia el panorama judicial, al incorporar delitos que podrían aumentar la gravedad de las penas en caso de condena.
El proceso ha despertado un amplio interés público, pues involucra directamente al hijo del mandatario colombiano en hechos presuntamente delictivos cometidos durante su gestión como diputado del Atlántico. Según el expediente, Petro Burgos habría participado en acuerdos indebidos para direccionar contratos públicos, aprovechando su influencia política y cercanía con figuras de poder regional.
Aunque la defensa ha insistido en su inocencia y ha denunciado presuntos vicios procesales en la actuación del ente acusador, la Fiscalía General sostiene que existen pruebas sólidas que justifican la ampliación de los cargos. Esta decisión refleja un endurecimiento de la estrategia judicial frente a un caso que ha adquirido gran relevancia política y mediática.
Antecedentes del caso y otros procesos en curso
El nombre de Nicolás Petro Burgos ha estado en el centro de la polémica desde 2023, cuando la Fiscalía lo acusó de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionados con los dineros recibidos durante la campaña presidencial de 2022. Las investigaciones apuntan a que parte de esos fondos habrían ingresado de manera irregular al movimiento político que apoyó la candidatura de Gustavo Petro, sin que existan registros oficiales en los reportes de ingresos y gastos.
En esa línea, el ente investigador busca determinar si Petro Burgos utilizó su cargo de diputado para intermediar en la adjudicación de contratos de la Gobernación del Atlántico a cambio de beneficios personales. El caso también ha sido objeto de atención por parte de la Procuraduría General de la Nación, que recientemente llamó a juicio disciplinario al hijo del presidente por los mismos hechos, lo que podría derivar en sanciones adicionales de carácter administrativo y político.
La defensa ha señalado que las acusaciones carecen de fundamento y que se trata de una “persecución judicial con fines mediáticos”. No obstante, los nuevos cargos anunciados por la Fiscalía agravan el escenario legal para el procesado, quien podría enfrentar penas superiores a los 15 años de prisión si es hallado culpable de los delitos imputados.
Implicaciones políticas y lo que viene en el proceso
El caso de Nicolás Petro tiene un fuerte impacto político, dado su vínculo familiar con el presidente Gustavo Petro y el contexto de las investigaciones sobre financiación de campañas electorales. Aunque el jefe de Estado ha reiterado que no intervendrá en los procesos judiciales de su hijo, la situación genera presión sobre el Gobierno y alimenta el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.
La nueva audiencia de imputación aún no tiene fecha confirmada, pero se espera que se realice en las próximas semanas. Durante esta diligencia, la Fiscalía formalizará los cinco delitos por los que será procesado Nicolás Petro: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, falsedad en documento público, peculado por apropiación y falso testimonio.
En paralelo, continúa abierto el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el cual el ente investigador ha solicitado pruebas adicionales para determinar el origen y destino de los dineros que el acusado habría recibido durante la campaña electoral de 2022.
La decisión final del juez será determinante para establecer si los señalamientos de la Fiscalía se traducen en una acusación formal ante los tribunales o si la defensa logra desvirtuar los nuevos cargos. Mientras tanto, el caso sigue marcando un punto de tensión entre el poder judicial y el Gobierno Nacional.
