La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó compulsar copias a varias autoridades para que investiguen las presuntas irregularidades en los gastos de campaña del Pacto Histórico al Senado. El alto tribunal encontró inconsistencias en los reportes financieros, particularmente en la inclusión del contrato de vuelos con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), cuyo valor supera los 1.200 millones de pesos. Dichos vuelos habrían sido utilizados por la campaña Petro Presidente durante la consulta interna del movimiento, y no por los candidatos al Congreso, como se reportó oficialmente.
Investigación a Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa
El despacho del magistrado Misael Rodríguez remitió copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Según la Corte, Jaramillo, en su rol de gerente de la campaña al Senado, habría sido responsable de presentar información veraz y completa sobre los gastos electorales. No obstante, el informe judicial advierte que se habrían incluido gastos que no correspondían a esa campaña. Por su parte, Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña Petro Presidente, habría recomendado la contratación de la empresa aérea Sadi, cuyos vuelos eran organizados por la entonces coordinadora de agenda, Laura Sarabia. El itinerario de esos desplazamientos estaría vinculado exclusivamente a actividades presidenciales, lo que refuerza la tesis de un posible uso indebido de recursos y falsedad en los reportes de gastos.
Compulsa de copias a otras entidades del Estado
Además de las acciones dirigidas contra los dos altos funcionarios, la Sala de Instrucción remitió copia del expediente al Consejo Nacional Electoral (CNE), instancia encargada de supervisar la financiación y los reportes contables de las campañas políticas. La Corte considera que el CNE debe determinar si la información presentada sobre los gastos de la campaña al Senado del Pacto Histórico fue falsa o engañosa, y proceder según su competencia.
Asimismo, el alto tribunal envió copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que evalúe la posibilidad de abrir una investigación formal contra nuevas personas que pudieran tener responsabilidad en estos hechos. Este paso amplía el alcance del proceso, permitiendo que se analicen otras actuaciones que podrían haber contribuido a las irregularidades detectadas.
Implicaciones políticas y legales del caso
La decisión de la Corte Suprema representa un nuevo capítulo en el escrutinio judicial sobre la financiación del Pacto Histórico, coalición que llevó al poder al presidente Gustavo Petro. El hecho de que se mencione a figuras clave del actual gobierno como Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa incrementa la sensibilidad política del caso, pues ambos han sido colaboradores cercanos del mandatario.
Según fuentes jurídicas, el eje de la investigación se centrará en determinar si existió doble contabilidad o falsedad en documento público, al incluir como gasto del Senado un contrato que, según la evidencia inicial, habría beneficiado directamente a la campaña presidencial. En términos legales, estos hechos podrían configurar delitos de violación de los topes electorales, financiación irregular de campañas y falsedad en los informes de ingresos y gastos.
El caso también podría tener repercusiones en la transparencia de la financiación política en Colombia, un tema recurrente en los últimos años por las múltiples denuncias sobre manejo opaco de recursos en procesos electorales. De confirmarse las irregularidades, se abriría un debate sobre los controles internos del Pacto Histórico y el papel del CNE en la verificación oportuna de los gastos reportados por los partidos y movimientos políticos.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Con la compulsa de copias a la Fiscalía, al CNE y a la Comisión de Acusaciones, las autoridades deberán determinar si existen méritos suficientes para abrir procesos penales o disciplinarios. En el caso de los funcionarios con fuero, como el ministro Jaramillo, las investigaciones deberán tramitarse conforme a las normas que regulan a los altos dignatarios del Estado.
Expertos en derecho electoral consultados sostienen que, de comprobarse la simulación contable o la desviación de recursos, el caso podría derivar en sanciones severas, que van desde multas económicas hasta pérdida de personería jurídica del partido o inhabilidad para ocupar cargos públicos.
Por ahora, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial frente a la decisión de la Corte. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo manifestaron que se trata de un proceso en curso que deberá resolverse dentro del marco institucional y con respeto a la presunción de inocencia.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la transparencia en las campañas políticas y el alcance de la responsabilidad administrativa y penal en el manejo de los recursos públicos durante los procesos electorales. La Corte Suprema insiste en que la vigilancia sobre la financiación de los partidos es un pilar fundamental para garantizar la legitimidad de la democracia colombiana.
