La jornada de protesta en apoyo a Palestina en Medellín culminó con fuertes tensiones entre manifestantes y miembros de la fuerza pública. Lo que comenzó como una movilización pacífica en el centro de la ciudad se transformó en un episodio de confrontaciones, denuncias de agresiones y un hecho que desató controversia política: la aparición del concejal Andrés Rodríguez, del Centro Democrático, portando un bate durante la manifestación.
El hecho fue registrado en un video difundido ampliamente en redes sociales. En las imágenes, Rodríguez asegura que está dispuesto a defender la propiedad privada y afirma: “Así como ustedes rayan paredes, yo voy a defender a Medellín (…) pa’ ver si el resto de ciudadanos se despiertan y ayudan a defenderla, porque a partir de este momento les declaro la guerra a todos ustedes”. La declaración generó rechazo inmediato por parte de diferentes sectores políticos y sociales.
Indignación por la conducta del concejal Andrés Rodríguez
Las palabras y el comportamiento del concejal provocaron críticas de líderes del Pacto Histórico, entre ellos la senadora Isabel Zuleta, quien compartió el video en su cuenta de X y solicitó una investigación formal. “Le pido a la @PGN_COL investigar la conducta violatoria de la ley del concejal uribista @AndresGuryRod. Este impresentable concejal le declaró ‘la guerra’ a la ciudadanía de Medellín que protesta por la paz”, escribió la congresista.
El episodio ha reavivado el debate sobre los límites del discurso público y la responsabilidad de los funcionarios electos en contextos de tensión social. Diversas organizaciones de derechos humanos cuestionaron el mensaje del concejal por incitar al enfrentamiento y por su aparente justificación del uso de la fuerza contra civiles. Desde el Concejo de Medellín aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre si se abrirá una investigación disciplinaria interna.
Vandalismo, agresiones y denuncias durante la protesta
En paralelo, el alcalde Federico Gutiérrez condenó los actos de vandalismo registrados durante la movilización. Uno de los incidentes más graves ocurrió en un restaurante de McDonald’s, donde varias familias quedaron atrapadas mientras un grupo de manifestantes lanzaba objetos y realizaba grafitis en la fachada del local. “Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo. En ese momento intervinimos como autoridad”, declaró el mandatario local.
Durante la noche también circularon videos que evidenciaron agresiones a manifestantes. En una de las grabaciones se observa a un hombre siendo golpeado por varios sujetos que vestían prendas con logos de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Estos hechos generaron inquietud sobre la posible participación de agentes oficiales en actos de violencia y llevaron a la administración municipal a anunciar una revisión interna.
El secretario de Seguridad, Manuel Villa, informó que algunos funcionarios fueron atacados con pintura y que no se tiene aún un balance consolidado de los daños materiales. “Rechazamos cualquier forma de violencia. Ni el vandalismo ni los excesos de la autoridad representan el camino para resolver nuestras diferencias”, añadió el funcionario.
Reacción del Gobierno Nacional y llamado a la investigación
El presidente Gustavo Petro también intervino en la controversia a través de su cuenta de X, donde calificó como inaceptables los hechos ocurridos en Medellín. “El Gobierno Nacional debe desmantelar este grupo violento dirigido desde el poder local. Es puro militarismo prohibido por la ley”, señaló el mandatario, en alusión a los presuntos actos de agresión cometidos por personas vinculadas a entidades públicas.
El mensaje del jefe de Estado reavivó la discusión sobre el papel de las instituciones locales en el manejo de las protestas y la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos en escenarios de manifestación. En este contexto, expertos en derechos humanos advierten que la respuesta institucional debe basarse en los principios de proporcionalidad y respeto a la protesta social, sin criminalizar la movilización ni permitir abusos de autoridad.
Mientras tanto, en redes sociales continúa la circulación de videos, fotografías y testimonios que reflejan la tensión vivida durante la jornada. La Fiscalía y la Procuraduría aún no se han pronunciado sobre posibles investigaciones formales, pero distintos sectores de la sociedad civil exigen claridad y sanciones ejemplares frente a lo ocurrido.
La protesta en apoyo a Palestina, que buscaba expresar solidaridad con el pueblo palestino en medio del conflicto en Gaza, terminó marcando un nuevo capítulo de polarización política y social en Medellín. El episodio deja abierta una pregunta sobre el futuro de la convivencia en la ciudad: ¿podrá la autoridad mantener el equilibrio entre la defensa del orden público y el respeto a la libertad de expresión y protesta?
