El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la ciudad de Pereira durante un discurso oficial, esta vez en la ceremonia de ascenso de más de 15 mil miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, realizada en la plaza de armas de la Casa de Nariño. El mandatario afirmó que en la capital de Risaralda existen «alianzas entre policías, políticos y bandas delincuenciales«, una situación que, según él, ha contribuido al incremento de los homicidios y la violencia en la región.
Durante su intervención, Petro señaló directamente al subdirector de la Policía, general Arnulfo Rosemberg Novoa, y le ordenó iniciar traslados de uniformados en Pereira para frenar posibles actos de corrupción y evitar que continúe la connivencia con estructuras criminales. “En Pereira pasa algo. Tiene que ver con que hay bandas respaldadas por políticos, porque ese es el resultado: bandas con poder, políticos que están por ahí, y a veces la Policía porque son políticos, pues lo respetan porque de ellos dependen también. No, general, político metido en las bandas de Pereira va a la cárcel, y ese bloque de búsqueda pónganlo primero en Pereira”, expresó el presidente.
Las cifras que preocupan en Pereira
De acuerdo con los datos oficiales de la Policía Metropolitana de Pereira, la ciudad ha registrado hasta la fecha 180 homicidios en 2025. La mayoría de estos hechos violentos se asocian con la disputa por el control del microtráfico y la venta de tucibí, una droga sintética que ha generado una guerra territorial entre organizaciones criminales del eje cafetero y el norte del Valle del Cauca.
En el centro de esa confrontación se encuentran las bandas Cordillera y Los Rebeldes, cuyos enfrentamientos han dejado una estela de muertes selectivas y ajustes de cuentas en barrios de la capital risaraldense. Las autoridades han advertido que el conflicto no solo se limita a las calles, sino que ha permeado instituciones locales y estructuras políticas, una situación que el propio presidente Petro calificó como alarmante. En su discurso, el mandatario insistió en que el poder de las bandas se ha consolidado gracias al respaldo de actores con influencia política y económica en la región, lo que, según él, exige una respuesta institucional firme.
Reacción del Gobierno y medidas inmediatas
El anuncio presidencial de realizar traslados de policías en Pereira busca desarticular las redes internas que podrían estar colaborando con las organizaciones delictivas. El general Novoa fue instruido para implementar un plan de rotación inmediata del personal y reforzar los controles internos en los comandos locales. Esta decisión se da en medio de un contexto de tensión entre la administración nacional y algunos sectores de la fuerza pública, tras varias denuncias sobre corrupción y presuntos vínculos entre miembros de la Policía y grupos armados urbanos.
Desde el Ministerio de Defensa se ha reiterado que las acciones del Gobierno apuntan a fortalecer la transparencia institucional y a garantizar que la Policía Nacional mantenga su compromiso con la legalidad y la protección de la ciudadanía. Por su parte, fuentes locales aseguran que la intervención podría generar movimientos significativos dentro del cuerpo policial y en la política risaraldense, ya que varios de los nombres mencionados en las investigaciones están ligados a líderes regionales con poder político. Analistas de seguridad han destacado que el mensaje de Petro no solo busca reducir los homicidios en Pereira, sino también marcar un precedente sobre la responsabilidad política en el auge del crimen organizado.
¿Qué implica la intervención de Petro en la seguridad de Pereira?
La orden del presidente marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno central y las autoridades locales. Con la directriz de priorizar a Pereira dentro del bloque de búsqueda, Petro pretende enviar una señal de cero tolerancia frente a la corrupción institucional y al fortalecimiento del narcotráfico urbano. La situación en Risaralda se ha convertido en un ejemplo de cómo el narcotráfico y la política local pueden entrelazarse, generando un desafío para la seguridad nacional y la confianza ciudadana. Expertos advierten que si bien las medidas de traslado pueden ser un primer paso, será necesario acompañarlas con procesos judiciales, inteligencia operativa y control político que permitan desmontar las estructuras de poder que han sostenido estas alianzas ilícitas. En este contexto, el discurso de Petro no solo denuncia un problema local, sino que plantea una reflexión sobre la capacidad del Estado para actuar con independencia frente a intereses políticos y criminales. ¿Podrá esta intervención marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la violencia urbana en Pereira, o se convertirá en un nuevo episodio de promesas incumplidas frente al crimen organizado?
