Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron un nuevo hecho de violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Dos dragoneantes fueron víctimas de un ataque sicarial en Palmira luego de culminar sus turnos laborales en el centro penitenciario de este municipio.
Los uniformados fueron interceptados por sujetos armados que, según las primeras versiones, se movilizaban en motocicleta. Aunque ambos alcanzaron a ser trasladados a centros asistenciales, uno de ellos falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que el otro permanece en estado crítico bajo atención médica especializada.
Este atentado se suma a una serie de hechos violentos que han afectado en los últimos meses a funcionarios penitenciarios en diferentes regiones del país, lo que refuerza la preocupación sobre la seguridad del personal encargado de la custodia y vigilancia en los establecimientos carcelarios.
Ataque tras cumplir turno en el centro penitenciario
De acuerdo con la información oficial, los dos dragoneantes salían de su jornada laboral cuando fueron sorprendidos por sicarios en Palmira. La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, explicó que las víctimas se desplazaban en rutas distintas hacia sus actividades personales cuando fueron atacadas.
“Uno de ellos fue abordado por un sujeto, al parecer en motocicleta, quien le ocasiona heridas con arma de fuego. Unidades lo trasladan al hospital, pero horas más tarde fallece”, detalló la oficial.
El segundo funcionario, gravemente herido, continúa bajo pronóstico reservado. Su estado ha generado gran expectativa en el cuerpo de custodia y vigilancia, que denuncia un creciente riesgo en el ejercicio de sus labores.
Investigaciones buscan determinar si hay ataques sistemáticos
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los móviles del atentado y confirmar si este caso forma parte de una serie de ataques sistemáticos contra funcionarios del Inpec. El hecho revive el debate sobre la presencia de redes criminales que buscan intimidar a los guardianes penitenciarios como represalia a los operativos de control en las cárceles.
Los recientes ataques, registrados en diferentes ciudades del país, han sido atribuidos por expertos en seguridad al accionar de estructuras dedicadas a la extorsión carcelaria y al control de rentas ilegales desde los centros penitenciarios. Para los analistas, estas retaliaciones pretenden frenar los esfuerzos institucionales que buscan debilitar el poder de las mafias al interior de los establecimientos.
Inseguridad y riesgo para los funcionarios penitenciarios
Los hechos ocurridos en Palmira evidencian la alta vulnerabilidad de los dragoneantes del Inpec, quienes, tras cumplir sus turnos, deben enfrentarse a escenarios donde la protección institucional es limitada. Este riesgo se suma a las frecuentes denuncias sobre amenazas recibidas por custodios en diferentes regiones del país, lo que refleja un escenario complejo para la labor penitenciaria.
El ataque en Palmira se conecta con otros casos recientes, como el atentado en Bogotá contra dragoneantes de la cárcel La Modelo, donde un funcionario perdió la vida y tres resultaron heridos. Estos sucesos fortalecen la hipótesis de una ofensiva criminal dirigida contra servidores penitenciarios, lo que obligaría a replantear las medidas de protección y seguridad para quienes enfrentan diariamente las consecuencias de la violencia ligada al crimen organizado.
¿Qué medidas tomar frente a la escalada de violencia?
La gravedad de los ataques plantea la necesidad urgente de definir nuevas estrategias de seguridad para los funcionarios penitenciarios dentro y fuera de los centros de reclusión. El hecho de que los dragoneantes sean atacados en su vida cotidiana refleja una vulnerabilidad extrema que podría tener efectos en la moral del personal y en el cumplimiento de su misión institucional.
El desafío ahora radica en determinar si existe un patrón criminal dirigido contra los custodios y cómo responder de manera efectiva para evitar nuevas víctimas. ¿Podrá el Estado implementar un plan de seguridad integral que proteja a quienes representan la primera línea en la lucha contra las mafias carcelarias?
