El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves la prohibición del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país. La medida se suma a una serie de normativas implementadas recientemente en el sistema educativo salvadoreño, que incluyen nuevas reglas de disciplina adoptadas en agosto y pautas de cortesía escolar establecidas en septiembre.
“Desde hoy queda prohibido el mal llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, expresó el mandatario a través de la red social X. La disposición fue formalizada mediante un memorando emitido por la ministra de Educación, Karla Trigueros, dirigido a los directores de las más de 5.100 escuelas públicas que conforman el sistema educativo nacional.
Alcance de la prohibición
El documento difundido por la ministra establece que expresiones como “amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs” u otras similares no podrán ser utilizadas en ninguna circunstancia dentro de los espacios escolares. Según la orden, estas formas lingüísticas representan una “deformación” vinculada a la ideología de género, la cual no será admitida en el ámbito educativo estatal.
La decisión de Bukele busca, en palabras oficiales, preservar el uso de un lenguaje que respete las normas gramaticales tradicionales del español. El gobierno considera que la implementación del lenguaje inclusivo en entornos escolares genera confusión en los estudiantes y desvía la atención de los objetivos pedagógicos principales.
Contexto de las nuevas medidas educativas
La prohibición forma parte de un plan más amplio impulsado por la administración Bukele para fortalecer la disciplina y la organización en el sistema educativo. En agosto, se introdujeron nuevas normas de disciplina escolar con el propósito de mejorar el ambiente académico y reducir conflictos dentro de las instituciones. Posteriormente, en septiembre, el Ministerio de Educación estableció un reglamento de cortesía escolar, enfocado en promover el respeto mutuo y la convivencia pacífica entre estudiantes y docentes.
La incorporación de esta última medida contra el lenguaje inclusivo refleja la intención del Ejecutivo de consolidar un marco normativo uniforme en todas las instituciones educativas públicas. Con ello, el gobierno pretende establecer un modelo pedagógico basado en el respeto a las normas tradicionales y en la consolidación de valores culturales.
Reacciones y debate en torno a la medida
La prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de El Salvador ha generado debate tanto en el ámbito educativo como en la sociedad civil. Mientras sectores afines al gobierno respaldan la decisión como una forma de garantizar el respeto a la lengua y de evitar lo que consideran imposiciones ideológicas, críticos de la medida sostienen que se trata de una política que excluye y limita las expresiones de diversidad de género.
Para algunos colectivos sociales, el veto podría representar un retroceso en materia de inclusión y visibilidad de las identidades no binarias. Desde su perspectiva, el uso de un lenguaje más amplio permite reconocer la diversidad de la población estudiantil y avanzar hacia una educación más equitativa.
Por el contrario, quienes defienden la decisión oficial señalan que el lenguaje inclusivo no tiene respaldo normativo en la Real Academia Española y que, por tanto, no debe imponerse en los espacios educativos. Argumentan que el objetivo de la educación debe centrarse en fortalecer la comprensión lectora, la escritura y el pensamiento crítico, sin introducir modificaciones lingüísticas que no son universalmente aceptadas.
¿Qué impacto tendrá la medida en el sistema educativo?
La prohibición del lenguaje inclusivo en las aulas plantea interrogantes sobre su aplicación práctica y sus consecuencias en la dinámica escolar. El Ministerio de Educación, a través del memorando de la ministra Karla Trigueros, ha dejado claro que los directores de los centros públicos deberán velar por el cumplimiento estricto de la normativa.
A nivel pedagógico, algunos expertos advierten que la medida podría generar divisiones en las comunidades educativas, especialmente en aquellas donde estudiantes y docentes habían comenzado a implementar un lenguaje más inclusivo. No obstante, otros consideran que la prohibición contribuirá a unificar los criterios de enseñanza y reducirá posibles tensiones lingüísticas dentro de las aulas.
En términos políticos, la decisión refuerza la imagen de Bukele como un líder que impulsa medidas de impacto simbólico y que busca mantener un control férreo sobre las instituciones del país. La estrategia podría fortalecer su apoyo en sectores conservadores, aunque al mismo tiempo alimenta críticas por parte de colectivos que reclaman mayor apertura en temas de diversidad e inclusión.
La gran pregunta es si esta política educativa tendrá efectos duraderos en la cultura escolar salvadoreña o si se convertirá en otro punto de debate entre quienes defienden la preservación del idioma y quienes abogan por un lenguaje más inclusivo y representativo.
