Las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron el Presupuesto General de la Nación 2026 con un ajuste significativo: un recorte de $10 billones frente a la propuesta inicial del Gobierno de Gustavo Petro. Con esta decisión, el monto definitivo quedó en $546,9 billones, lo que marca un giro importante en la discusión fiscal del país para los próximos años. La medida fue aprobada tras un intenso debate en el que se enfrentaron diferentes visiones sobre el gasto público, la sostenibilidad fiscal y las prioridades sociales y económicas.
El ajuste se dio luego de que fueran estudiadas tres ponencias. La del Pacto Histórico, que defendía el monto original presentado por el Ministerio de Hacienda, fue archivada. En cambio, la ponencia alternativa, que proponía la reducción de $10 billones, obtuvo el respaldo mayoritario de los legisladores, mostrando un pulso político que deja al Ejecutivo con menos margen para ejecutar sus programas estratégicos.
Un presupuesto más ajustado
El presupuesto 2026 había sido radicado inicialmente por el Gobierno en $556,9 billones, con un énfasis en financiar programas sociales, infraestructura y transición energética. Sin embargo, los ponentes que impulsaron el recorte argumentaron que el escenario fiscal del país exige mayor prudencia, sobre todo en un contexto de déficit fiscal y presión de deuda pública. La decisión de bajar el monto en $10 billones busca, según los congresistas, garantizar un gasto más realista frente a los ingresos proyectados.
Este ajuste no es menor. Representa un cambio de enfoque frente a la visión del Ejecutivo, que esperaba contar con recursos amplios para consolidar su proyecto de gobierno. Aunque el recorte fue moderado en términos porcentuales, impactará la planeación de varios ministerios, en especial aquellos con programas de inversión en obras públicas, subsidios y proyectos sociales.
Impacto en sectores clave
El recorte aprobado genera inquietudes sobre el financiamiento de programas sociales como transferencias monetarias, educación y salud, que el Gobierno había priorizado como pilares de su gestión. El ministro de Hacienda había advertido que una reducción de esta magnitud podría limitar la capacidad de ejecutar plenamente los compromisos adquiridos.
En contraste, los congresistas que respaldaron la medida aseguraron que la distribución de los recursos se hará de manera más eficiente, evitando gastos innecesarios y reorientando el presupuesto hacia sectores con mayor impacto económico. En el debate también se señaló que el recorte es una señal de responsabilidad fiscal ante los mercados internacionales y organismos multilaterales, que han pedido a Colombia ajustar sus cuentas públicas para mantener la confianza inversionista.
Además, el monto final aprobado de $546,9 billones sigue siendo el presupuesto más alto en la historia del país, lo que muestra que, a pesar del recorte, habrá recursos importantes para financiar proyectos estructurales.
¿Qué viene tras la decisión del Congreso?
Con la aprobación en comisiones conjuntas, el Presupuesto General 2026 pasará ahora a ser discutido en las plenarias de Senado y Cámara. Allí se definirán las asignaciones específicas por sectores, un proceso que seguramente abrirá nuevos debates entre el Gobierno y la oposición.
La gran pregunta es cómo se redistribuirán los $10 billones recortados y qué programas deberán ajustar sus proyecciones. Analistas económicos advierten que esta reducción obligará al Gobierno Petro a replantear prioridades y buscar alternativas de financiamiento. Entre ellas, la posibilidad de reformas tributarias adicionales o un mayor endeudamiento, aunque este último camino genera resistencias en varios sectores políticos.
La discusión del presupuesto 2026 también tendrá un impacto en la agenda electoral, ya que será un referente para evaluar el cumplimiento de las promesas de campaña del presidente Petro y la viabilidad de su proyecto político a mediano plazo. ¿Podrá el Gobierno mantener sus programas sociales y proyectos estratégicos con menos recursos de los previstos?
