La Fiscalía General de la Nación confirmó que Luisa Salgado participó en al menos cinco reuniones dentro de diferentes batallones del Ejército, accediendo a información reservada de carácter estratégico. Según la investigación, la mujer se habría infiltrado aprovechando su cercanía con miembros de las Fuerzas Militares y utilizando canales de comunicación privados que quedaron en evidencia en chats obtenidos por las autoridades.
El material recopilado muestra que la infiltración permitió el acceso a datos sobre indagaciones en curso, esquemas de seguridad de figuras políticas y detalles relacionados con la protección del presidente Gustavo Petro. La revelación ha desatado preocupación por el alcance de la organización criminal detrás de Salgado y los riesgos que implica para la seguridad nacional.
Cinco reuniones bajo la lupa de la Fiscalía
La investigación identificó cinco encuentros en los que Salgado participó dentro de instalaciones militares. Estos espacios, destinados a la planeación estratégica y al manejo de operaciones internas, habrían sido utilizados para obtener información privilegiada.
De acuerdo con los hallazgos, la mujer no solo tuvo acceso a informes de inteligencia, sino también a documentos que detallaban movimientos logísticos y esquemas de seguridad de altos funcionarios del Estado. La Fiscalía señaló que estas reuniones vulneraron protocolos internos y dejaron expuesta información que en manos criminales puede ser utilizada para fines ilícitos.
Los chats filtrados muestran conversaciones en las que se coordinaban encuentros, se compartían horarios y se intercambiaban datos sobre operativos. Estas pruebas serán parte del expediente judicial que busca determinar la responsabilidad penal de Salgado y de los militares que facilitaron su presencia en dichos espacios.
Riesgos para la seguridad del presidente y del Estado
Uno de los aspectos más delicados revelados es que Salgado habría tenido acceso a los esquemas de seguridad del presidente Gustavo Petro. Este tipo de información incluye rutas, protocolos de protección y despliegues de personal, lo que supone un riesgo directo para la seguridad presidencial.
Además, se indaga si los datos obtenidos fueron compartidos con organizaciones criminales con capacidad de planear ataques o interferir en procesos políticos. Expertos en defensa señalan que la vulneración de la seguridad en los batallones demuestra una falla grave en los controles internos y deja en evidencia la necesidad de reforzar los filtros de acceso a información clasificada.
La infiltración también salpica a la institucionalidad militar, ya que revela posibles complicidades dentro de la fuerza pública, un elemento que aumenta la gravedad del caso.
¿Qué sigue para la investigación y qué consecuencias puede tener?
La Fiscalía General de la Nación continuará recopilando pruebas documentales y testimoniales para esclarecer hasta qué punto la información obtenida por Salgado fue compartida con terceros y qué impacto tuvo en la seguridad del país.
Juristas advierten que este caso podría derivar en sanciones penales por espionaje y revelación de secretos militares, delitos que en Colombia tienen penas privativas de la libertad. A su vez, los militares que permitieron el ingreso y participación de Salgado en reuniones reservadas podrían enfrentar procesos disciplinarios y penales.
El caso también abre un debate sobre la solidez de los sistemas de seguridad en el país: ¿cómo garantizar que la información clasificada se mantenga protegida frente a intentos de infiltración? Para muchos analistas, este escándalo se convierte en un llamado urgente a revisar los protocolos internos y a fortalecer la inteligencia contra amenazas internas y externas.
