La Fundación Universitaria San José confirmó que anulará el diploma de Juliana Guerrero, actual viceministra de la Juventud, tras comprobar que su título profesional fue otorgado sin cumplir con los requisitos legales establecidos. La institución había iniciado una investigación interna luego de que surgieran denuncias sobre posibles inconsistencias en los procesos de graduación, lo que derivó en una revisión exhaustiva de la documentación y de los pasos académicos que debía cumplir la funcionaria.
De acuerdo con el informe preliminar, Guerrero no presentó las Pruebas Saber TyT, requisito indispensable para optar al grado en programas técnicos y tecnológicos en Colombia. Además, tampoco se encontraron registros válidos de la homologación de dichas pruebas con resultados de exámenes Icfes anteriores. Estas omisiones constituyen una falta grave dentro de los procesos formativos, lo que llevó al Consejo Directivo de la institución a tomar la decisión de invalidar el título expedido en su nombre.
Irregularidades detectadas en el proceso académico
La Fundación San José aclaró que su política institucional exige que todos los estudiantes culminen satisfactoriamente los requisitos de ley antes de recibir un diploma. En el caso de Guerrero, las inconsistencias fueron identificadas tras la revisión de actas y archivos oficiales, donde se evidenció que no existía constancia del cumplimiento de las pruebas estatales obligatorias. Esto llevó a concluir que la entrega del título se dio de manera irregular, comprometiendo la credibilidad de la institución.
El rector de la universidad enfatizó que se trató de una situación aislada, producto de fallos administrativos internos, y aseguró que se reforzarán los mecanismos de verificación para evitar que casos similares se repitan. Además, se iniciarán procesos disciplinarios contra quienes autorizaron la expedición del diploma sin la debida revisión de los soportes.
Implicaciones para Juliana Guerrero y el Ministerio de la Igualdad
La decisión impacta directamente la trayectoria de Juliana Guerrero, quien ocupa un cargo de alto nivel en el Ministerio de la Igualdad. Su posición como viceministra de la Juventud exige no solo experiencia política y social, sino también la acreditación de formación profesional válida, lo que ahora queda en entredicho.
Diversos sectores han solicitado que el ministerio, encabezado por Ronald Floriano Escobar, aclare si Guerrero continuará en el cargo mientras se resuelve su situación académica. La falta de un título legalmente expedido podría abrir un debate sobre la idoneidad de los funcionarios públicos y el rigor en los procesos de selección para ocupar posiciones en el Estado.
En redes sociales, el tema ha generado un intenso debate. Algunos defienden la experiencia de Guerrero en temas sociales y de liderazgo juvenil, mientras que otros cuestionan la transparencia del proceso que la llevó al cargo, señalando que un caso de este tipo mina la confianza en las instituciones públicas.
¿Qué consecuencias puede tener la anulación del título?
La anulación del diploma no solo afecta el historial académico de Guerrero, sino que también plantea interrogantes sobre su futuro en la administración pública. En Colombia, la posesión de un título válido es requisito en muchos casos para ejercer cargos oficiales, especialmente aquellos de carácter directivo.
Juristas consultados señalan que la funcionaria podría enfrentar procesos de responsabilidad administrativa si se determina que usó un título inválido para acceder a beneficios laborales o para consolidar su perfil profesional. En paralelo, la Fundación San José deberá reportar el caso al Ministerio de Educación Nacional, lo que podría derivar en sanciones adicionales y en la revisión de otros procesos de graduación en la institución.
La situación abre un debate más amplio: ¿qué controles deben implementar las universidades y el Estado para garantizar que ningún diploma se entregue sin cumplir estrictamente con la normativa? Para muchos, este caso es una señal de alerta sobre la necesidad de fortalecer la supervisión educativa y evitar que irregularidades administrativas impacten la confianza en la formación académica del país.
