El Congreso de la República negó la propuesta del Gobierno que planteaba un Presupuesto General de la Nación de 2026 por $557 billones, generando un nuevo capítulo de tensión política en el país. La decisión fue tomada por las Comisiones Económicas Conjuntas, que votaron en contra de la ponencia mayoritaria que respaldaba la iniciativa oficial. El rechazo abre la puerta a nuevas discusiones en torno a dos propuestas alternativas que buscan ajustes significativos a la cifra planteada.
El debate se desarrolla en medio de un panorama marcado por advertencias de déficit fiscal y aumento de la deuda pública, lo que ha obligado a los congresistas a considerar escenarios más austeros para las finanzas nacionales. El resultado de esta votación no solo impacta las prioridades del Ejecutivo, sino que también refleja la presión de distintos sectores políticos frente a la sostenibilidad de las cuentas estatales.
Las cifras en disputa
La propuesta inicial del Gobierno buscaba fijar en $557 billones el monto del Presupuesto 2026, con énfasis en programas sociales, infraestructura y educación. Sin embargo, desde las bancadas opositoras y algunos sectores independientes se cuestionó la viabilidad de ese cálculo, argumentando que el país enfrenta limitaciones fiscales que impiden sostener un gasto de tal magnitud.
Tras el rechazo de la iniciativa, las Comisiones Económicas deberán evaluar dos ponencias alternativas que plantean reducciones al proyecto original. Aunque aún no se conocen los ajustes finales, el consenso apunta a una cifra menor que permita contener el déficit y evitar un crecimiento desbordado de la deuda. En este contexto, la discusión se centra en cómo equilibrar las metas de inversión social con la necesidad de mantener estabilidad macroeconómica.
Tensiones políticas y posiciones encontradas
El desenlace en el Congreso ha dejado en evidencia la fragmentación de las fuerzas políticas frente al Presupuesto General de la Nación. Mientras que el Gobierno insistía en que los recursos solicitados eran indispensables para cumplir con sus compromisos de desarrollo, desde la oposición se plantearon dudas sobre la capacidad de financiación y la falta de claridad en algunas partidas.
Partidos como el Centro Democrático y sectores de la Alianza Verde han cuestionado abiertamente la propuesta, señalando riesgos de desequilibrio fiscal. Otros congresistas, como Germán Ávila, advirtieron que el endeudamiento proyectado comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Este ambiente de polarización hace prever un debate complejo en los próximos días, en los que se deberán definir ajustes y consensos para que el país cuente con un presupuesto aprobado antes del cierre del año legislativo.
¿Qué viene tras el rechazo del presupuesto?
Con la negativa al monto de $557 billones, el trámite del Presupuesto 2026 entra en una fase decisiva. Las Comisiones Económicas Conjuntas deberán escoger entre las ponencias alternativas, que proponen recortes y reorientaciones del gasto. El desafío será lograr un acuerdo que no comprometa las inversiones sociales esenciales, al tiempo que atienda las advertencias de los expertos en materia fiscal.
La discusión que se avecina pondrá a prueba la capacidad de negociación del Gobierno y de las bancadas parlamentarias, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones depende, en buena medida, de decisiones responsables frente al manejo de los recursos públicos. La pregunta que queda abierta es si el país logrará encontrar un punto de equilibrio entre las demandas sociales y la estabilidad económica que exige la coyuntura actual.
