El Consejo de Estado decidió tumbar la personería jurídica del movimiento Poder Popular, liderado por el expresidente Ernesto Samper. La alta corte determinó que la colectividad no cumplía con los requisitos legales para mantener su reconocimiento, lo que implica su salida del escenario político con aval propio.

La decisión se produjo tras una revisión de las condiciones bajo las cuales se había otorgado la personería. Según el tribunal, el movimiento no alcanzó los niveles de representación exigidos en las últimas elecciones, requisito indispensable para sostener su existencia como partido político con plenas facultades.

Razones detrás del fallo

El Consejo de Estado señaló que la legislación colombiana es clara respecto a las exigencias de representación democrática. Los partidos y movimientos que no logran superar los umbrales electorales establecidos pierden automáticamente su reconocimiento jurídico.

En el caso de Poder Popular, las cifras de participación y votación no alcanzaron los mínimos necesarios, lo que llevó a la corporación a revocar la resolución que le otorgaba aval legal. Con esta decisión, la colectividad pierde el derecho a postular candidatos de manera independiente y a recibir financiación estatal.

El fallo marca un nuevo capítulo en la historia de los movimientos políticos en Colombia, donde la fragmentación y la dificultad para consolidar estructuras sólidas suelen llevar a la desaparición de colectividades que no logran respaldo ciudadano suficiente.

Impacto para Ernesto Samper y su proyecto político

El expresidente Ernesto Samper había impulsado el movimiento Poder Popular como una plataforma para agrupar sectores sociales y políticos en torno a un proyecto alternativo. Sin embargo, la falta de resultados electorales evidenció las dificultades de consolidar una propuesta competitiva en el panorama actual.

La anulación de la personería jurídica limita la capacidad de Samper y sus aliados para participar con lista propia en futuras elecciones, obligándolos a buscar alianzas con partidos ya consolidados si desean mantener vigencia política.

Este revés también plantea interrogantes sobre la viabilidad de nuevos movimientos en un sistema donde la polarización y el peso de las colectividades tradicionales dificultan la irrupción de proyectos emergentes. Para Samper, se trata de un golpe a sus aspiraciones de influir en el debate político nacional bajo una bandera independiente.

¿Qué significa esta decisión para el sistema político colombiano?

La decisión del Consejo de Estado se inscribe en un contexto más amplio de reacomodamiento del sistema político colombiano. Con la pérdida de personerías jurídicas, se reduce el número de movimientos con capacidad de actuar de manera autónoma, lo que puede fortalecer a los partidos tradicionales, pero también limitar la diversidad de opciones para el electorado.

Además, el fallo envía un mensaje claro sobre la necesidad de cumplir con las reglas de juego establecidas por la legislación electoral. La existencia de un movimiento no puede depender únicamente de liderazgos personales o coyunturales, sino de una base social real que respalde su propuesta en las urnas.

La pregunta que surge es si estas decisiones contribuyen a consolidar un sistema político más estable y representativo o, por el contrario, refuerzan un esquema que dificulta la renovación democrática. Lo cierto es que el caso de Poder Popular se suma a la lista de colectividades que desaparecen tras no superar el umbral electoral, reflejando los desafíos estructurales de la política en Colombia.

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