El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno dejará de lado la idea de una consulta popular para respaldar sus iniciativas y, en su lugar, impulsará una Asamblea Nacional Constituyente. Durante su intervención, el mandatario afirmó que esta es la única vía para garantizar la continuidad de las reformas sociales que su administración ha promovido y que, según él, enfrentan bloqueos en el Congreso.
“¿Quieren que estas reformas sociales sigan y se vuelvan realidad? Entonces poder constituyente, no hay otro camino”, señaló Petro en un discurso que reaviva el debate político sobre el alcance de su proyecto de cambio. Con esta declaración, el presidente pone sobre la mesa una de las herramientas más profundas de transformación institucional que contempla la Constitución.
De la consulta popular a la Constituyente
En semanas anteriores, el jefe de Estado había planteado la opción de una consulta popular como mecanismo para respaldar sus propuestas frente a la ciudadanía. Sin embargo, el viraje hacia la Asamblea Nacional Constituyente muestra la intención de avanzar en un proceso de mayor calado político y jurídico.
La decisión responde a las dificultades que han enfrentado las reformas del Gobierno en el trámite legislativo. Proyectos clave en materia de salud, pensiones y trabajo han encontrado resistencia en el Congreso, lo que, a juicio de Petro, justifica apelar al “poder constituyente primario” como vía de legitimación.
Este cambio en la estrategia gubernamental también refleja la apuesta por involucrar a la ciudadanía en un debate más amplio sobre la estructura del Estado y la necesidad de ajustes profundos al modelo político y económico vigente.
Reacciones políticas y sociales
El anuncio de una Asamblea Nacional Constituyente generó inmediatas reacciones en distintos sectores. Para algunos analistas, la propuesta representa un intento de superar los bloqueos institucionales, mientras que otros advierten riesgos de inestabilidad y polarización.
En la oposición, varios líderes señalaron que la iniciativa puede interpretarse como un intento de concentración de poder, alertando sobre las implicaciones que tendría abrir la Constitución de 1991. Desde los gremios empresariales y sectores académicos se han elevado voces que piden prudencia y un análisis serio de las consecuencias políticas y económicas que podría acarrear una Constituyente.
Por otro lado, movimientos sociales y organizaciones cercanas al Gobierno ven en la propuesta una oportunidad histórica para consolidar cambios estructurales en beneficio de las mayorías, especialmente en áreas como la redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de derechos sociales y la participación ciudadana.
¿Qué podría implicar una Constituyente para Colombia?
La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente no es un proceso inmediato ni sencillo. La Constitución establece que debe ser aprobada por el Congreso o mediante referendo ciudadano, lo que implicaría una amplia movilización política y social.
En términos prácticos, una Constituyente podría redefinir el marco institucional del país, desde la estructura del poder público hasta el alcance de los derechos fundamentales. Para el Gobierno de Petro, este escenario se presenta como la única salida para concretar sus reformas sociales frente a un Congreso fragmentado.
La gran incógnita radica en si este llamado encontrará suficiente respaldo en la ciudadanía y en los actores políticos para convertirse en realidad. Lo cierto es que el debate ya se instaló en la agenda nacional y marcará el rumbo del segundo tramo del actual mandato presidencial.
La pregunta que surge es si la apuesta por la Constituyente permitirá abrir un camino de consenso o, por el contrario, profundizará las divisiones en un país que históricamente ha enfrentado retos para construir acuerdos amplios.
