El proceso judicial contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, dio un giro trascendental tras su más reciente declaración ante la Corte Suprema de Justicia. López entregó pruebas en el marco de la investigación que busca esclarecer el presunto entramado de corrupción que involucra a al menos seis congresistas, además de señalar directamente a Andrés Idárraga y al exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, como figuras claves en la ejecución de contratos cuestionados. El exfuncionario también respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en semanas anteriores había defendido la gestión de algunos de los señalados, lo que incrementa la tensión política alrededor del caso.
El testimonio de López no solo amplió el alcance de las responsabilidades, sino que dejó al descubierto la manera en que las decisiones administrativas dentro de la UNGRD habrían estado atravesadas por intereses políticos y presiones externas. La información entregada será pieza fundamental en la investigación que adelanta la Corte y que podría reconfigurar el mapa de apoyos en el Congreso.
Pruebas y señalamientos en la Corte Suprema
En su comparecencia, López presentó documentos y registros que, según su versión, evidencian cómo se direccionaron contratos a través de la UNGRD con fines distintos a los misionales. Las pruebas apuntarían a un uso indebido de recursos destinados a atender emergencias, lo que podría configurar delitos como peculado y concierto para delinquir. Entre los nombres que surgieron en la declaración figuran congresistas de diversas bancadas, lo que marca la transversalidad de las presuntas irregularidades.
Uno de los señalados con mayor peso fue Andrés Idárraga, a quien López relacionó directamente con las decisiones más estratégicas de la entidad. A su vez, vinculó al exsubdirector Sneyder Pinilla en la operatividad de los contratos, destacando que su papel habría sido crucial para dar viabilidad a las maniobras irregulares. Estos señalamientos generan un nuevo escenario judicial en el que se espera que los implicados rindan explicaciones formales en los próximos días.
Repercusiones políticas y respuesta de Petro
Las declaraciones de López se dieron luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara que algunos de los investigados habían actuado en beneficio del país. El exdirector respondió a estas afirmaciones asegurando que su intención no es afectar al Gobierno, sino colaborar con la justicia y esclarecer lo ocurrido dentro de la entidad. Su postura abre un debate sobre la forma en que la administración actual gestiona los escándalos de corrupción y hasta qué punto respalda a quienes resultan comprometidos.
La corrupción en la UNGRD se ha convertido en un dolor de cabeza para la Casa de Nariño, pues involucra a figuras con conexiones directas en el Congreso y pone en entredicho las estrategias de gobernabilidad. En este contexto, la defensa política de Petro hacia algunos de los mencionados genera cuestionamientos sobre la coherencia de su discurso anticorrupción frente a la realidad que destapan las investigaciones judiciales.
¿Qué impacto tendrá esta declaración en el caso UNGRD?
El proceso por el caso UNGRD adquiere una nueva dimensión con las pruebas entregadas por López, que podrían abrir más líneas de investigación y comprometer a un número mayor de actores políticos. Los analistas advierten que la Corte Suprema tendrá que evaluar con rigurosidad la solidez de las evidencias y la credibilidad del testimonio, en un escenario donde confluyen intereses políticos y judiciales.
La gran pregunta ahora es si esta declaración permitirá acelerar las decisiones de fondo en la investigación y si los señalados enfrentarán consecuencias legales y políticas inmediatas. Para muchos sectores, el impacto del caso no solo radica en las posibles sanciones judiciales, sino en cómo la opinión pública percibe la capacidad del Gobierno y del Congreso de mantener un compromiso firme contra la corrupción.
