El Consejo de Estado decidió este jueves retirar la personería jurídica al partido político fundado por Mauricio Lizcano, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). El alto tribunal consideró que no existían motivos suficientes para otorgar este reconocimiento, ya que los argumentos se sustentaban en presuntos actos de violencia similares a los que sufrió en su momento el Nuevo Liberalismo, situación que no se comprobó en este caso.

Con esta decisión, la colectividad pierde derechos clave como acceder a financiación estatal, participar con aval propio en elecciones y tener representación en instancias oficiales. Se trata de un golpe significativo para las aspiraciones políticas de Lizcano y sus aliados, quienes habían logrado consolidar la agrupación como alternativa en el panorama político nacional.

Los argumentos de la decisión

Según la sentencia, la solicitud de personería jurídica presentada por Lizcano no demostró las condiciones excepcionales exigidas por la ley. El tribunal recordó que el caso del Nuevo Liberalismo fue único, pues se trató de un partido víctima de persecución sistemática y violencia política que afectó directamente a sus líderes y militantes.

En contraste, la colectividad de Lizcano no pudo acreditar episodios de violencia política que justificaran una protección especial del Estado. Por ello, la corporación concluyó que la Resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le otorgaba la personería carecía de sustento jurídico y debía ser revocada.

El fallo enfatizó que la democracia colombiana debe garantizar la pluralidad, pero siempre bajo las reglas de la Constitución y la ley. Otorgar personerías sin los requisitos establecidos podría desvirtuar el sistema de partidos y abrir la puerta a privilegios indebidos.

Consecuencias políticas para Lizcano

La revocatoria supone un revés para Mauricio Lizcano, quien ha tenido una trayectoria política destacada como senador y ahora como jefe del DAPRE en el gobierno de Gustavo Petro. Su partido buscaba convertirse en una plataforma con representación propia, lo que ahora queda sin efecto inmediato.

Expertos señalan que esta decisión puede impactar su influencia dentro del Ejecutivo, pues lo deja sin un instrumento político formal que respalde sus proyectos de cara a futuros procesos electorales. Además, se reabre el debate sobre la proliferación de partidos en Colombia y la necesidad de una reforma que regule de manera más estricta la creación de colectividades.

El Consejo de Estado también envió un mensaje al Consejo Nacional Electoral, recordándole que sus decisiones deben estar soportadas en pruebas claras y criterios objetivos, evitando la discrecionalidad política en el otorgamiento de personerías jurídicas.

¿Qué viene para el partido de Lizcano?

Tras la pérdida de la personería, el movimiento de Lizcano podría intentar reorganizarse bajo la figura de grupo significativo de ciudadanos, recolectando firmas para participar en elecciones. No obstante, esta vía es más compleja y costosa, y limita el acceso a recursos estatales.

Algunos analistas consideran que la decisión fortalece a los partidos ya establecidos, mientras que debilita las opciones emergentes que buscan espacio en el escenario político. También podría generar tensiones dentro de la coalición de gobierno, pues la salida de Lizcano del tablero electoral reduce la capacidad de Petro de mantener cohesionadas a sus fuerzas aliadas.

El caso plantea interrogantes sobre el futuro de las colectividades que han intentado conseguir reconocimiento a través de vías excepcionales. ¿Se abrirá un debate sobre nuevos criterios para otorgar personerías jurídicas o se mantendrá la línea restrictiva? La discusión promete ser central en el Congreso y en la opinión pública en los próximos meses.

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