La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes anunció nuevas medidas en el marco de la investigación que adelanta contra el presidente Gustavo Petro. Según trascendió, se prepara la práctica de un examen toxicológico al mandatario como parte del proceso que busca esclarecer denuncias recientes. Esta decisión se suma a la citación de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, con el objetivo de obtener nuevas pruebas que fortalezcan el expediente en curso.
La determinación ha generado un amplio debate político y jurídico, ya que implica directamente al jefe de Estado en un proceso que podría tener repercusiones institucionales. Fuentes cercanas a la comisión indicaron que se busca garantizar transparencia y exhaustividad en cada diligencia, atendiendo la gravedad de los señalamientos que involucran tanto al presidente como a su círculo cercano.
El papel de Day Vásquez en la investigación
Uno de los puntos clave en esta etapa es la comparecencia de Day Vásquez, quien ya ha sido mencionada en anteriores procesos contra su exesposo, Nicolás Petro. La Comisión de Acusación la citó para que entregue información adicional y documentos que podrían aportar elementos relevantes a la investigación.
De acuerdo con versiones recogidas por medios nacionales, Vásquez tendría en su poder pruebas que podrían confirmar o desvirtuar los señalamientos que han circulado en el escenario político. Su declaración podría marcar un giro en la investigación, no solo en lo que respecta a Nicolás Petro, sino también en la relación con el presidente Gustavo Petro y el manejo de eventuales recursos que estarían bajo la lupa de las autoridades judiciales.
¿Qué implica el examen toxicológico al presidente Petro?
La orden de un examen toxicológico al presidente no tiene precedentes recientes en la política colombiana. Este tipo de pruebas suelen ordenarse en contextos de investigación cuando existen dudas sobre la conducta o el estado de una persona en relación con un hecho específico.
En este caso, la medida ha generado interpretaciones encontradas. Algunos sectores sostienen que se trata de una acción necesaria para despejar cualquier sospecha, mientras que otros lo consideran un movimiento político que busca debilitar la legitimidad del mandatario.
Expertos en derecho constitucional han señalado que el procedimiento deberá respetar todas las garantías legales, considerando que se trata del jefe de Estado. Además, advierten que cualquier resultado tendrá un alto impacto mediático y político, más aún en un escenario donde la oposición ha insistido en cuestionar la integridad del presidente.
