La Procuraduría General de la Nación interpuso ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El documento, de 81 páginas firmado por el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo, señala que el fallo se sustentó más en conjeturas que en evidencia sólida que desvirtúe la presunción de inocencia.
En el texto, la Procuraduría advierte sobre vacíos en la valoración y evaluación de pruebas durante el juicio llevado a cabo por la juez 44 Penal del Circuito con función de conocimiento, Sandra Liliana Heredia. Se argumenta que la observación objetiva de los elementos probatorios fue incorrecta, lo que condujo a una aplicación indebida de la figura de determinación y tipicidad penal, además de la falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, lo que “necesariamente debió resultar en la absolución del procesado”.
También se advierte desde el Ministerio Público sobre la vulneración de principios esenciales como el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la doctrina indubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo). Asimismo, se hace énfasis en que las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado habrían sido parte del secreto profesional y, por tanto, no podían servir como base para condenar penalmente.
Esta apelación ocurre en un contexto de alta tensión legal, tras la histórica sentencia de primera instancia que convirtió al expresidente en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente, en una decisión considerada por muchos como un hito en la justicia del país. El Tribunal Superior de Bogotá, en respuesta, ya nombró la Sala Penal Nº 9 —integrada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán— para estudiar la apelación con urgencia, dado que el proceso podría prescribir en octubre de 2025.
Mientras la defensa presenta sus alegatos ante el Tribunal —junto con la tutela en curso y la apelación ya radicadas—, el país se mantiene en vilo ante la posibilidad de que esta condena sea revocada en una segunda instancia. En este mar judicial tan cargado de implicaciones políticas, la decisión del alto tribunal definirá no solo el futuro de Uribe, sino también la credibilidad de la justicia colombiana.
