Habitantes de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, enfrentan un nuevo episodio de presión violenta por parte de las disidencias de las Farc. Según denuncias de la comunidad, integrantes del Estado Mayor Central (EMC) están exigiendo pagos obligatorios para financiar la pavimentación de la vía que comunica con el corregimiento de Potrerito, un corredor estratégico para actividades de contrabando y narcotráfico.
Aunque a simple vista se presenta como una mejora de infraestructura, el contexto evidencia que la intención no es el desarrollo comunitario, sino el fortalecimiento de las economías ilegales que operan en esta zona rural. Los pobladores han sido convocados a reuniones forzadas en las que se les comunica la «cuota» que deben pagar, bajo amenaza de represalias si no cumplen.
Este caso refleja el deterioro del control territorial del Estado y el avance de estructuras armadas que imponen su ley por encima de las instituciones, replicando prácticas extorsivas en nombre de obras públicas.
La comunidad, entre el miedo y el silencio forzado
Los testimonios recogidos por medios locales y nacionales revelan que el miedo ha paralizado a gran parte de la población. Nadie se atreve a hablar abiertamente por temor a represalias, y las autoridades locales reconocen que la presencia armada en Jamundí se ha intensificado desde inicios de 2024.
La vía a Potrerito no es solo una ruta campesina; es un canal clave para el transporte de mercancías, incluido el paso de insumos químicos y cargamentos ilegales. De ahí el interés del EMC en consolidar su dominio sobre el terreno mediante obras que le favorezcan logísticamente, sin depender del aparato estatal.
En años anteriores, las disidencias ya habían intentado controlar esta carretera a través de retenes ilegales y cobros por «seguridad», pero la novedad es que ahora lo hacen bajo el pretexto de la pavimentación comunitaria, tratando de camuflar la extorsión bajo una fachada de progreso rural.
La estrategia no es nueva, pero sí cada vez más sofisticada. En otras regiones del país se ha visto cómo grupos armados financian puentes, escuelas y hasta polideportivos con el propósito de afianzar su legitimidad y control sobre comunidades aisladas del poder central.
Autoridades reaccionan, pero sin presencia efectiva en el territorio
La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Jamundí han condenado públicamente esta práctica, calificándola como una violación flagrante a los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, admiten que no cuentan con la capacidad suficiente para frenar el avance de las disidencias del EMC en la zona rural.
A pesar de los llamados al Gobierno Nacional para incrementar la presencia militar y policial, hasta ahora no se ha producido una intervención efectiva. Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que esta omisión podría legitimar aún más el control armado sobre el territorio y dejar a las comunidades a merced de actores criminales.
La Defensoría del Pueblo también ha documentado casos similares en otros municipios del Cauca y Nariño, donde los grupos armados financian obras a cambio de sometimiento social y silencio. En todos los casos, se evidencia un patrón de extorsión disfrazado de “colaboración comunitaria”.
Mientras tanto, los pobladores de Jamundí continúan enfrentando una zozobra creciente: entre pagar para no ser atacados o resistirse y enfrentar represalias. Un dilema cotidiano en zonas donde la institucionalidad está ausente o es percibida como ineficaz.
