El ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó una denuncia penal por injuria y calumnia contra la representante a la Cámara Lina María Garrido, tras sus fuertes declaraciones durante la instalación del nuevo periodo legislativo del 20 de julio. El funcionario aseguró que la congresista ha difundido “imprecisiones, mentiras y afirmaciones de mala fe” en medios y redes sociales, afectando su reputación.
La denuncia se da como respuesta a un discurso que generó controversia por su tono y contenido, en el que Garrido arremetió contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de traicionar causas sociales y de utilizar políticamente a la vicepresidenta Francia Márquez.
Discurso incendiario ante el Congreso
Durante la sesión, la representante Garrido acusó al presidente Petro de incoherencia ideológica: “Usted se disfrazó de feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro”, declaró. Afirmó que Petro instrumentalizó a Francia Márquez y que ahora la desprecia.
Además, señaló que el Gobierno ha nombrado a hombres señalados por violencia de género en altos cargos, incluyendo directamente al ministro Benedetti. “Usted les ha dado más de diez bofetadas a las mujeres de Colombia”, sentenció, agitando un pañuelo verde como símbolo del movimiento feminista y afirmando que estaba “sucio y pisoteado”.
Efectos políticos y judicialización del discurso
El episodio terminó con Garrido gritando “Colombia se respeta” antes del viaje oficial de Petro a Chile, lo que generó eco en redes sociales y medios. La denuncia de Benedetti marca una respuesta institucional que podría escalar a los tribunales, abriendo un debate sobre los límites entre la libertad de expresión parlamentaria y la responsabilidad legal de los discursos políticos.
La confrontación expone una grieta dentro del Congreso y del entorno progresista del Gobierno, donde figuras como Garrido exigen coherencia con los principios que el presidente prometió defender. Al mismo tiempo, plantea si la judicialización de las declaraciones públicas se convertirá en herramienta habitual para responder a las críticas.
