La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Cristian Camilo González Ardila, señalado como el sexto implicado en el atentado a Miguel Uribe, ocurrido el pasado mes de junio. Según las autoridades, González Ardila fue identificado como el sujeto que ayudó al menor de edad que disparó contra el político a huir de la escena del crimen.
González Ardila no es ajeno al radar de las autoridades. Su historial criminal incluye procesos judiciales por tráfico de armas de fuego y hurto calificado, lo que agrava su participación en este caso de alto perfil. La investigación, liderada por un equipo especializado de la Fiscalía, determinó mediante análisis de cámaras de seguridad y testigos que el sospechoso habría actuado como escolta del menor sicario después del atentado.
¿Cómo ocurrió el escape y qué rol tuvo González Ardila?
El papel de González Ardila en la fuga del menor fue clave. Las pruebas recabadas por la Fiscalía incluyen material audiovisual que lo muestra facilitando la huida del joven agresor, quien habría recibido instrucciones para evitar ser capturado de inmediato. La hipótesis principal apunta a que González no solo ayudó a escapar al menor, sino que formó parte de una red más amplia de apoyo logístico que permitió la ejecución del ataque.
Este avance en la investigación se suma a las capturas previas de otros cinco implicados, entre ellos, el propio menor que disparó. El caso ha generado una alta preocupación pública por la forma en que jóvenes están siendo utilizados por organizaciones delictivas para cometer atentados de carácter político.
Contexto del atentado contra Miguel Uribe
El ataque a Miguel Uribe Turbay, exsenador y actual figura visible del Centro Democrático, ocurrió en Bogotá el pasado 20 de junio, cuando salía de un evento político. Aunque Uribe resultó ileso, el atentado fue considerado por analistas y autoridades como un intento directo por silenciar voces de oposición y generar miedo en el espectro político nacional.
La hipótesis de la Fiscalía, basada en inteligencia y seguimiento judicial, indica que el menor fue reclutado y entrenado para ejecutar el ataque, posiblemente a cambio de pagos o presiones sociales. Este fenómeno, que mezcla crimen organizado con manipulación de menores, se ha convertido en un nuevo desafío para las autoridades colombianas.
