La Sección Primera del Consejo de Estado decidió admitir para su estudio una demanda que podría tener repercusiones significativas en el sistema de salud colombiano. Esta acción legal busca la nulidad de la resolución emitida por la Superintendencia de Salud, mediante la cual se ordenó la intervención forzosa de la Nueva EPS, una de las entidades promotoras de salud con mayor número de afiliados en el país.
El abogado Samuel Ortiz Mancipe, quien presentó la demanda, argumenta que el acto administrativo vulneró gravemente el derecho al debido proceso de la entidad intervenida. Según el documento legal, la resolución careció de fundamentos jurídicos sólidos y habría sido motivada por intereses políticos más que por razones técnicas o legales. Esta demanda pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la independencia de los organismos de control y la posible instrumentalización del sistema de salud con fines políticos.
El trasfondo político: redes sociales y reforma fallida
Uno de los puntos más polémicos del escrito judicial es la acusación directa contra el presidente Gustavo Petro. Según el abogado Ortiz Mancipe, la intervención de la Nueva EPS no obedeció a fallas estructurales o administrativas urgentes, sino a una estrategia política del Ejecutivo tras el fracaso de la reforma a la salud en el Congreso.
Para respaldar esta afirmación, el abogado anexó como prueba varios mensajes publicados por el presidente Petro en la red social “X” (antes Twitter), donde, según se indica en la demanda, “se demostraría que el presidente pidió la intervención administrativa de la EPS por motivos diferentes a los constitucional y legalmente permitidos”.
Esta denuncia sugiere un uso indebido del poder presidencial y abre una nueva discusión sobre los límites de la actuación del Ejecutivo en materia de salud pública. De confirmarse este supuesto, estaríamos ante un caso que no solo compromete la legalidad del acto administrativo, sino también la legitimidad política de la intervención, lo que podría generar consecuencias en el ámbito judicial y mediático.
¿Qué sigue para la Nueva EPS y su interventor?
Tras la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ordenó notificar a la Nueva EPS y a su interventor, quienes deberán pronunciarse oficialmente frente a los argumentos presentados por Ortiz Mancipe. Este procedimiento se realizará en los próximos días y será clave para determinar si el acto de intervención puede mantenerse vigente o si deberá anularse.
El caso recuerda al proceso vivido recientemente por EPS Sanitas, que también cuestionó la legalidad de la intervención estatal y denunció una posible vulneración al debido proceso. Ambos casos comparten la preocupación de que decisiones administrativas trascendentales se estén tomando con base en criterios políticos, sin agotar previamente las vías técnicas y jurídicas que exige el marco normativo colombiano.
Si bien la intervención de una EPS puede justificarse por razones como el riesgo financiero o la afectación a los usuarios, el caso de la Nueva EPS plantea dudas sobre si esos requisitos realmente se cumplieron o si, como indica la demanda, el trasfondo fue esencialmente político.
