Una nueva serie de audios filtrados ha encendido las alarmas en el caso de corrupción en la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), un escándalo que ya involucra a figuras clave del alto gobierno colombiano. El caso gira en torno al presunto uso irregular de contratos públicos para beneficiar a congresistas a cambio de apoyo político al Ejecutivo en el Congreso.
Los registros de voz, atribuidos a María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, vinculan directamente al funcionario con el conocimiento y presunta aprobación de estas prácticas. En ellos, Benavides menciona la entrega de documentos físicos —“sobres cerrados”— como mecanismo de comunicación confidencial entre las partes implicadas. A su vez, asegura que Bonilla estaba al tanto de todo: “Sí señora, él lo sabía todo, absolutamente todo… todo necesitaba que él supiera”.
Cupos indicativos: la moneda de cambio en el Legislativo
Los testimonios de Benavides ante la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de un mecanismo sistemático de asignación de cupos indicativos, una figura que tradicionalmente ha servido para direccionar recursos públicos con el aval político de congresistas. Según sus declaraciones, estos cupos se materializaban en contratos de obra pública con altos presupuestos en regiones como El Salado, Carmen de Bolívar y Río Bajaba, por valores cercanos a los 92.000 millones de pesos.
Estos contratos habrían sido pactados con el conocimiento de congresistas pertenecientes a la Comisión de Crédito Público, quienes se beneficiaban del respaldo presupuestal a cambio de respaldar las iniciativas del Gobierno en el Legislativo. Benavides también reveló que los proyectos eran presentados como resultados de negociaciones políticas previas y que los registros oficiales eran cuidadosamente manipulados para legitimar su ejecución.
Bonilla, Velasco y el Invías: una red más amplia
Más allá de Bonilla, los señalamientos también alcanzan al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, así como a altos funcionarios del Invías, lo que sugiere una trama más amplia de intereses cruzados entre entidades del Estado. En los audios, Benavides asegura que Velasco “sabía que había que tener contentas a las comisiones económicas”, lo que, de ser comprobado, implicaría un uso político sistemático del presupuesto público.
Durante una reunión señalada por Benavides, el 18 de septiembre, Velasco habría discutido con otros funcionarios temas relacionados con la asignación de recursos, bajo la lógica de asegurar el respaldo político a través de beneficios contractuales. El uso de sobres cerrados, mencionado repetidamente en los audios, sugiere una práctica deliberada para mantener fuera del radar estos intercambios sensibles y evitar rastros digitales comprometedoras.
Por su parte, Ricardo Bonilla ha negado rotundamente cualquier participación en actos irregulares, asegurando que su conducta ha sido transparente y que enfrentará las acusaciones con todas las herramientas legales disponibles. “Aspiro a convencer a la justicia de mi país que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos”, declaró.
¿Quiénes más están en la mira por el escándalo UNGRD?
Además de los ya mencionados, la lista de funcionarios implicados en la corrupción UNGRD continúa creciendo. De acuerdo con investigaciones recientes, hay congresistas cuyas identidades aún no han sido reveladas públicamente que estarían siendo investigados por recibir beneficios contractuales irregulares.
La Fiscalía, junto con la Procuraduría y la Contraloría, ha intensificado las indagaciones, solicitando las hojas de ruta de los contratos sospechosos, identificando empresas beneficiarias y cruzando información con registros de llamadas y visitas oficiales. También se están rastreando movimientos bancarios asociados a los cupos indicativos, en busca de posibles sobornos o retornos.
Este caso, que ha sido calificado por analistas como uno de los escándalos de corrupción más estructurados en lo que va del gobierno de Gustavo Petro, pone en tela de juicio el manejo de la UNGRD, una entidad fundamental para atender desastres naturales, pero que se habría convertido en canal para favores políticos.
