La Contraloría General de la República finalizó una Auditoría Financiera a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, sobre la vigencia 2024, en la cual estableció 14 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tienen presunto alcance fiscal por un total de $13.694 millones y 8 posible alcance disciplinario.
Los hallazgos fiscales detectados en la URT se resumen así:
Gastos ejecutados sin respaldo de decisión judicial y soportes:
Pagos por $6.026.638.450 fueron realizados sin estar respaldados por decisiones judiciales. Los soportes presentados no justifican adecuadamente los gastos ni garantizan la trazabilidad de los recursos. Se trata del pago de actividades y conceptos de gastos a través del operador Magna Comunicaciones S.A.S.
En el contrato 040 de 2024, se identificaron deficiencias en los soportes de pagos por $2.711.019.421. No se verificaron los costos ni se exigieron los documentos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato.
Pago de instrucciones a terceros no reconocidos en cumplimiento de sentencia: Se realizaron pagos por $2.066.663.912 a terceros no reconocidos en sentencia judicial. Estos desembolsos no contaron con la aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, lo que compromete la correcta ejecución de las órdenes judiciales.
En el Contrato Fiduciario 2117 de 2023, se detectaron deficiencias en los soportes de gastos por $1.418.745.045. Los documentos no permiten verificar la ejecución adecuada de los recursos ni su relación con los valores del mercado.
En el Contrato Fiduciario 47 de 2024 se evidenció insuficiencia en los soportes de gastos por $1.279.812.014, relacionados con eventos logísticos, ya que no se presentó trazabilidad completa ni detalle desagregado de los bienes y servicios adquiridos.
Se identificó un pago por $192.111.400 relacionado con actividades no ordenadas judicialmente. La URT asumió compromisos dirigidos a otra entidad pública, lo que genera riesgos de pagos sin justificación.
Hechos Relevantes de la Auditoría:
- Se encontraron deficiencias en la articulación entre la Unidad de Restitución de Tierras y el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras.
- La falta de coordinación entre la Unidad y el Fondo desconoce su diseño institucional, debilita la gestión pública y afecta el principio de eficiencia en el uso de los recursos, en contravía de la normativa que rige su funcionamiento.
- Hay falencias en los soportes documentales del cumplimiento de fallos judiciales y contratos asociados a la operación logística.
La CGR emitió opinión contable con salvedades y un concepto presupuestal no razonable, y dio un concepto con deficiencias sobre el control interno financiero de la entidad.
Se identificaron riesgos en relación con falencias en los controles en la gestión de administración de predios para determinar el valor del avaluó comercial o catastral y reflejar la realidad económica de los bienes.
También se advierten deficiencias en el proceso de contratación y subcontratación, en cuanto a la soportabilidad de los gastos en la realización de diferentes eventos que no dan cuenta de la trazabilidad del detalle del gasto.
