El Ministerio de Igualdad, liderado por Francia Márquez, enfrenta su mayor crisis desde su creación. A pesar de haber sido concebido como una plataforma para promover la equidad social, el organismo se ha convertido en el centro de un escándalo que involucra desde maltrato laboral hasta acusaciones de racismo estructural dentro de su propia planta de funcionarios.
Durante los primeros 18 meses de funcionamiento, el Ministerio no solo ha tenido una baja ejecución presupuestal, sino que también ha sido blanco de múltiples denuncias por acoso y discriminación. Las quejas incluyen comentarios ofensivos, insultos racistas y un ambiente laboral que varios empleados califican como tóxico. Todo esto, mientras se debate su continuidad jurídica tras un llamado de atención de la Corte Constitucional.
Denuncias internas: racismo, acoso y exclusión en la entidad
Las alarmas se encendieron cuando una funcionaria afrodescendiente denunció haber sido víctima de comentarios racistas por parte de un superior que, supuestamente, la discriminó por sus trenzas y la forma en que hablaba. “Aquí no está en Buenaventura, está en Bogotá”, le habría dicho un directivo en tono despectivo. Este caso no fue aislado: otras funcionarias relataron haber sido apartadas de sus cargos tras pedir licencias de maternidad o expresar desacuerdos con decisiones administrativas.
Uno de los puntos más preocupantes es que estas acusaciones por discriminación racial y laboral no han tenido respuestas contundentes por parte de los responsables. Según fuentes citadas en el informe original, las denuncias no han sido tramitadas adecuadamente ni se ha ofrecido acompañamiento jurídico a las víctimas. En paralelo, se reporta una alta rotación de personal, especialmente en cargos técnicos y de confianza, alimentando la percepción de un ambiente institucional inestable.
Incertidumbre jurídica y presupuestal: ¿a dónde va el Ministerio?
Además de las tensiones internas, el Ministerio de Igualdad enfrenta un desafío legal crucial. La Corte Constitucional advirtió que el ministerio fue creado sin cumplir con los trámites constitucionales adecuados, lo que pone en entredicho su existencia jurídica. Aunque el Congreso podría enmendar la situación, aún no hay un proyecto formal de ley que subsane las observaciones de la Corte.
Por otro lado, la cartera ha ejecutado apenas el 5,7% del presupuesto asignado para inversión, lo que ha generado críticas tanto desde la oposición como de sectores sociales que esperaban una gestión más activa en políticas públicas de inclusión. Esta baja ejecución presupuestal contrasta con el presupuesto aprobado, que asciende a más de 256 mil millones de pesos para el 2025. El contraste entre los recursos asignados y los resultados concretos alimenta las dudas sobre la viabilidad de la entidad a mediano plazo.
