Una advertencia categórica fue emitida por la Superintendencia Nacional de Salud al revelar que el actual modelo sanitario del país se encuentra al borde del colapso. La entidad expresó su preocupación por la creciente crisis del sistema de salud en Colombia, causada principalmente por un déficit financiero estructural en las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Según información oficial, las EPS acumulan deudas por más de 28 billones de pesos, mientras que su patrimonio disponible no supera los 19 billones. Esta diferencia patrimonial, sumada a un aumento sostenido en los costos de tratamientos y medicamentos, compromete seriamente la sostenibilidad del sistema y pone en riesgo el acceso oportuno a servicios médicos para millones de colombianos.
Las cifras del déficit y los riesgos inmediatos para usuarios y prestadores
En una audiencia ante la Comisión Séptima del Senado, la Superintendencia presentó un análisis técnico que deja en evidencia el deterioro financiero de las EPS. Con un déficit neto de 12,9 billones de pesos, estas entidades enfrentan serias dificultades para cumplir con sus obligaciones, especialmente en lo que respecta al pago a clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud.
Entre los factores más críticos señalados se encuentran:
- Retrasos en los giros presupuestales por parte del ADRES.
- Aumento de tecnologías no financiadas por el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
- Falta de mecanismos de liquidez para responder a los compromisos financieros adquiridos.
La Superintendencia considera que el modelo actual ha sido superado por la realidad del sistema. El deterioro en la capacidad de pago de las EPS afecta directamente la calidad de la atención, generando congestión en los servicios de urgencias, retrasos en cirugías programadas y barreras en el acceso a medicamentos de alto costo.
Supersalud exige reformas estructurales y transparencia financiera
Frente a este panorama, la advertencia de Supersalud a las EPS también incluye una serie de exigencias para prevenir una crisis mayor. Entre ellas, se destaca el inicio de evaluaciones financieras exhaustivas y la vigilancia especial a entidades con indicadores de riesgo.
La autoridad sanitaria ha instado al Gobierno nacional a revisar de forma urgente el modelo de financiamiento, de forma que permita garantizar la continuidad del servicio con criterios de eficiencia y cobertura universal. También se plantea la necesidad de establecer nuevas fuentes de financiación para cubrir los costos asociados a enfermedades de alto impacto y tratamientos complejos.
De acuerdo con la Superintendencia, la prioridad debe ser proteger el derecho fundamental a la salud, lo cual implica no solo fortalecer los mecanismos de control, sino también exigir a las EPS planes de saneamiento financiero, transparencia en sus operaciones y compromisos reales con la sostenibilidad del sistema.
